Vega Osorio sostiene que el periodo hasta 2029 debe servir para preparar al sistema educativo de cara a una evaluación que mide competencias en lectura, matemáticas y ciencias entre estudiantes de 15 años. El ministro plantea incorporar desde ahora algunas de las competencias que serán medidas, entre ellas el pensamiento crítico, la capacidad para verificar información y el uso responsable de herramientas digitales.
La postura contrasta con la que sostuvo la administración de Lucy Molinar, que cuestionó el costo y la utilidad de participar en una evaluación internacional y defendió concentrar los recursos en la capacitación docente y en las evaluaciones nacionales. Molinar priorizó entonces esas evaluaciones nacionales como herramienta para conocer el desempeño de los estudiantes y orientar las políticas educativas, y llegó a señalar que Panamá volvería a participar en PISA «para complacer».
El retiro de la edición de 2025 se produjo pese a que el país ya había avanzado en los preparativos que exige la OCDE para aplicar la prueba, un antecedente que ahora pesa sobre la discusión acerca de si Panamá debería fijar una participación continua en lugar de decisiones sujetas al criterio de cada administración. El enfoque del actual ministro es distinto: en lugar de cuestionar la utilidad de la evaluación, apuesta por convertir el periodo previo en una ventana de preparación curricular.
Series de datos interrumpidas
Para Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa), el problema de fondo no se agota en la disyuntiva de participar o no en PISA, sino en la interrupción reiterada de las mediciones. A su juicio, la política de medición del desempeño educativo en el país ha sido históricamente «fragmentada y contradictoria», con pausas que afectan la continuidad de la investigación y el uso de los datos para diseñar políticas educativas.
Castrellón explicó que, sin mediciones continuas, resulta más difícil determinar si los cambios en el rendimiento de los estudiantes representan una mejora o un deterioro real, o si responden a variaciones de la muestra evaluada de un ciclo a otro. Esa discontinuidad, sostiene, quiebra las series temporales que permitirían evaluar con rigor el impacto de las reformas educativas.
PISA no solo mide competencias académicas: también recopila datos sobre factores socioeconómicos, condiciones de los centros educativos y bienestar de los estudiantes, variables que permiten analizar qué elementos del entorno están asociados con las brechas de aprendizaje. La interrupción de la participación, advierte Castrellón, priva al país de esos insumos de contexto y dificulta evaluar si una política produjo resultados, pues para ello se necesitan mediciones comparables antes y después de su implementación.
Ante ese diagnóstico, Castrellón plantea una salida más allá del simple regreso anunciado por el Meduca: establecer por ley la obligación de participar en PISA de manera continua, de forma que la decisión no dependa de la voluntad del ministro de turno. «No se trata de participar, sino de hacerlo de manera continua e ininterrumpida», sostuvo.
La edición de 2029 mantendrá los tres dominios tradicionales —lectura, matemáticas y ciencias—, pero situará la lectura como el dominio principal e incorporará la alfabetización mediática y en inteligencia artificial, un ajuste que responde a la transformación tecnológica que atraviesan los sistemas educativos. Vega Osorio evita el debate sobre la utilidad de la prueba y apuesta por incorporar esas competencias digitales y mediáticas desde ahora, en línea con lo que la propia OCDE medirá.
Una eventual obligación legal de participar en PISA tendría que tramitarse como iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional, con sus tres debates y la posterior sanción del Órgano Ejecutivo. Hasta ahora no se ha precisado si la propuesta de Castrellón llegará a discutirse en el pleno ni bajo qué vía. Tampoco se ha detallado el presupuesto que demandará la preparación técnica y logística para 2029, ni si requerirá partidas específicas dentro del Presupuesto General del Estado que deban pasar por las vistas presupuestarias.
Lo que resta por definir
Queda por confirmarse el calendario de las gestiones ante la OCDE para inscribir formalmente a Panamá en el ciclo 2029, así como la metodología que el Meduca aplicará en los próximos años para preparar a docentes y estudiantes en las competencias que la prueba medirá. El debate sobre la utilidad de las pruebas internacionales frente a las evaluaciones nacionales seguirá abierto, en un contexto en el que la comparación con otros países de América Latina —varios de los cuales mantienen participación ininterrumpida en PISA— continuará siendo un punto de referencia para medir el avance o el estancamiento del sistema educativo panameño.