De los $5.1 millones pedidos, $4.2 millones se destinarían al pago de salarios, incluidos los nuevos contratos. La entidad, creada mediante la Ley 23 de 2017 pero que entró en funciones en 2024, argumenta que necesita reforzar la Secretaría Judicial con más abogados para "disminuir los tiempos procesales", según explicó González Hernández. El recorte del MEF, dijo, limitaría esas contrataciones.
El tribunal también busca fondos para lo que denomina "expansión de la institución", un proyecto que contempla reubicar la sede principal, actualmente en Marbella, y abrir una oficina regional adicional. Hoy cuenta con 58 funcionarios permanentes, 29 transitorios y un contingente; la meta de 130 plazas más que duplicaría esa estructura.
El TAFP no es ajeno a los cuestionamientos desde el propio Órgano Ejecutivo. El año pasado, el Ministerio de la Presidencia planteó su eliminación dentro del proyecto de ley N.° 390, orientado a modernizar la Ley de Carrera Administrativa. El artículo 264 de esa iniciativa propone disolver el tribunal dentro de los 60 días calendario siguientes a la promulgación de la nueva norma, aunque el proyecto no ha avanzado.
El diputado Roberto Zúñiga, de la bancada Vamos, quien colaboró en la redacción de ese proyecto, recordó que la institución arrastra un retraso estructural: la falta de designación de un magistrado que corresponde nombrar al Ejecutivo. El tribunal opera con dos magistrados, Carlos Ayala Montero y la propia González Hernández, cada uno con un salario de $7,000.
"Pasó un gobierno entero, que fue el de Nito Cortizo, y esta institución no hizo nada y, hasta este momento, tampoco se ha hecho nada", sostuvo Zúñiga, quien considera contradictorio que la entidad reclame más recursos sin haber resuelto su función central: dirimir los conflictos entre las instituciones estatales y los servidores públicos.
"Esta institución se ha convertido en un cuartel de invierno de partidos políticos. Además, tiene un presupuesto inmenso y no se ve rédito para el país", afirmó Roberto Zúñiga, diputado de la bancada Vamos.
Las cifras aportadas por González Hernández indican que, desde el inicio de sus operaciones, el TAFP ha atendido 2,172 casos de funcionarios públicos y ha resuelto 869, cerca del 40% del total recibido. "Me parece un poco descarado solicitar mayor presupuesto si todavía no están ni siquiera en función y si no están operando", dijo el diputado.
Zúñiga matizó que no aboga por la desaparición del tribunal, sino por su reforma: "Debe existir, pero tiene que ser un tribunal independiente, despolitizado", señaló. La discusión coincide con otros debates sobre la calidad institucional del Estado, como el que suscitó la Política Género-CTI 2040 sobre la representación en la ciencia pública. La reconsideración presupuestaria del TAFP se dirimirá en las vistas presupuestarias que la Asamblea Nacional realiza con las entidades del Estado antes de aprobar el Presupuesto General del Estado.