Hay algo revelador en un presidente que, con el mandato casi concluido, escoge un mensaje de autoevaluación en X como uno de sus últimos gestos de gobierno. Petro no citó al DANE, no invocó a Medicina Legal ni aportó una cifra oficial: afirmó la caída de homicidios en Medellín y la enmarcó en su política de «paz total». «Medellín en mi gobierno, y gracias a la política de diálogo en cárceles, en barrios populares, con las juventudes, ha visto caer su tasa de homicidios más que Bogotá y a niveles bajísimos respecto a su historia», sostuvo el mandatario.
La tesis presidencial es que el diálogo con estructuras armadas y con las juventudes de los barrios populares logró la reducción. La coincidencia temporal es notable: el mensaje llegó cuando su sucesor anunciaba una sede de cooperación con Washington en la misma ciudad que Petro presenta como vitrina de su gestión. Dos relatos sobre Medellín publicados con 24 horas de diferencia, sin que ninguna cifra oficial arbitre entre ambos.
Una afirmación sin cifra institucional
El punto crítico es que la afirmación del jefe de Estado no viene acompañada de ningún dato verificable del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Nacional o el DANE que permita cotejar la comparación con Bogotá ni el descenso «histórico» que se reivindica. En Colombia, las cifras de homicidios se procesan y publican periódicamente a través de esas entidades, y son insumo habitual de los debates de control político en el Congreso y en los concejos municipales. Sin esa referencia institucional, la afirmación queda en el terreno de la reivindicación política, no del hecho comprobado.
Petro no se limitó a la autocelebración. Añadió una advertencia dirigida a «la juventud obrera y popular» de Medellín: resistir «con las redes juveniles interbarriales y no con las fronteras invisibles», y cuidarse de que no se repita «la historia de la Comuna XIII y la escombrera». También escribió: «La violencia barrial desde el Estado solo traerá más violencia» y advirtió que «lo que pueden venir son misiles». La referencia a la Comuna 13 no es gratuita: allí se ejecutó la Operación Orión en 2002, una intervención militar urbana que dejó denuncias de desapariciones forzadas asociadas al sector de La Escombrera, investigadas judicialmente en los años posteriores. Invocar ese precedente en el mismo contexto del anuncio del Escudo de las Américas funciona como una acusación velada, sin nombrar al sucesor, de que la historia podría repetirse.
El anuncio del presidente electo
La otra cara del episodio es la decisión de De La Espriella. El mandatario electo anunció el martes que Medellín será la sede principal del Escudo de las Américas, «el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico». En el mismo pronunciamiento lanzó un ultimátum: «Les queda poco tiempo, 18 días para entregarse, se someten o voy por ustedes y les doy de baja», dijo, dirigiéndose a «los bandidos que tienen azotado a este departamento».
Convertir a Medellín en sede de un convenio de cooperación con Estados Unidos tiene implicaciones institucionales relevantes. Los tratados y acuerdos internacionales en Colombia siguen un procedimiento reglado: la negociación y suscripción corresponden al Ejecutivo, pero los que generan obligaciones para el Estado deben surtir aprobación del Congreso mediante ley y control previo de la Corte Constitucional. Cualquier despliegue de recursos, además, quedaría bajo la vigilancia de la Contraloría y la Procuraduría. El plazo de 18 días coincide, además, con los días que le restan a Petro en el poder: el traspaso de mando está previsto para el 7 de agosto.
Las reacciones en la red
La publicación de Petro generó una corriente de comentarios críticos. Varios usuarios cuestionaron la veracidad de la afirmación y sugirieron que una eventual baja de la violencia respondería a acuerdos con cabecillas de estructuras armadas a cambio de beneficios judiciales. «Claro que bajó la delincuencia, si está más que claro el pacto que hicieron con los cabecillas de esos grupos a cambio de beneficios en sus condenas», escribió uno. Otro reclamó: «No he escuchado de la primera investigación sobre los activos que poseen esos bandidos. No venga a decir que hizo algo por nosotros en Medellín». Un tercero afirmó: «Deje ya de decir mentiras, usted nunca ha querido a los antioqueños y nunca hizo nada por nosotros».
Esas reacciones reproducen la controversia que ha rodeado a la política de «paz total» desde su formulación: quienes la respaldan la presentan como una alternativa a la confrontación armada, mientras sus críticos sostienen que negociar con quien controla la violencia en un territorio equivale a legitimarlo y arriesga que la tregua se lea como impunidad. El propio Petro ha defendido a lo largo de su gobierno los ceses al fuego y las mesas de negociación con estructuras armadas urbanas como vía para reducir la violencia.
Una ciudad disputada como símbolo
Medellín no es nueva en este tipo de disputas por el relato. Desde los años noventa, cuando el Cartel de Medellín convirtió a la ciudad en una de las más violentas del mundo por su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, distintas administraciones locales y gobiernos nacionales han reclamado para sí el mérito de la recuperación de la seguridad urbana. Alcaldes como Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria o Federico Gutiérrez presentaron en su momento reducciones de homicidios como legado de su gestión. Petro se suma ahora a esa tradición, con la particularidad de que lo hace desde la presidencia y a pocos días de dejarla.
El fondo del asunto permanece sin respuesta oficial: no consta un dato público que permita confirmar si la caída de homicidios que reivindica el presidente es real, si es comparable a la de Bogotá en los mismos términos y si obedece a la política de diálogo carcelario y juvenil o a factores ajenos al gobierno nacional, como la dinámica de control territorial entre las estructuras que operan en las comunas. Sin esa verificación de Medicina Legal, la Policía o el DANE, la comparación con Bogotá no puede contrastarse.
La escena deja a dos presidentes, uno saliente y otro entrante, compitiendo por el relato de una misma ciudad: para Petro, prueba de que el diálogo funciona; para De La Espriella, argumento de que hace falta una estrategia de fuerza porque el diálogo no bastó. Cada uno sostiene su versión —una sin cifra oficial que la respalde, otra sin ejecución todavía— y ninguna cuenta, por ahora, con una comprobación institucional que zanje la controversia.
Las próximas semanas ofrecerán elementos para el juicio de los hechos. El 7 de agosto, cuando De La Espriella asuma la presidencia, se conocerá si el Escudo de las Américas se instala efectivamente en Medellín, con qué presupuesto y bajo qué convenio formal con Washington. Y cuando Medicina Legal y la Policía Nacional publiquen sus reportes periódicos de homicidios de la ciudad, podrá contrastarse la afirmación del mandatario saliente. Hasta entonces, la reivindicación de Petro y el anuncio de su sucesor comparten un mismo vacío: la ausencia de datos oficiales que los sustenten.
