Según explicó Belaúnde Llosa, el esquema contempla que las Fuerzas Armadas dejen de cumplir funciones de apoyo secundario a la Policía Nacional del Perú para pasar a ejercer autoridad directa sobre el perímetro carcelario. «Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo, o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada», declaró el ministro. Detalló que el control alcanzará incluso al personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE): «Todo va a pasar por ese control, vamos a tener equipos de escaneo, equipos de detección de metales, vamos a tener nuestros propios sistemas para bloquear señales de celular».
El bloqueo de señales busca impedir que internos continúen dirigiendo desde prisión extorsiones y otras actividades ilícitas, una práctica que las autoridades peruanas señalan como uno de los principales factores del aumento de ese delito. El plan incorpora además el uso de drones para la vigilancia perimetral, según precisó el jefe de la cartera de Defensa.
El anuncio se produce en medio de lo que el propio gobierno describe como la peor crisis de seguridad que atraviesa el país desde el conflicto armado interno registrado entre 1980 y 2000, período marcado por la violencia de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Según las cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Defensa, los homicidios pasaron de alrededor de 1.000 casos en 2018 a 2.600 el año pasado, más del doble en seis años.
En paralelo, las denuncias por extorsión —delito que golpea especialmente a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios— se multiplicaron de 3.200 a 26.500 en el mismo período, según las mismas fuentes, un incremento superior al 700 %. Es esa expansión la que el Ejecutivo invoca para justificar el ingreso de los militares al sistema penitenciario.
El ministro también anticipó cambios en el marco jurídico para agilizar la captura y expulsión de extranjeros indocumentados vinculados a actividades criminales, un procedimiento que calificó de «casi prohibitivo» bajo la legislación vigente. Puso como ejemplo la frontera con Ecuador: «Los Choneros es esta organización criminal, en el Ecuador son un grupo hostil; en el lado peruano, son organización criminal. Hoy el marco legal es casi prohibitivo para capturarlos y expulsarlos del Perú». Para cerrar ese desajuste, el gobierno incluirá en su solicitud de facultades legislativas una modificación de las categorías legales aplicadas a esas organizaciones.
El trámite ante el Congreso y el estado de emergencia
Cualquier ampliación de facultades del Ejecutivo para legislar sobre seguridad y migración deberá tramitarse ante el Congreso de la República, que conforme al artículo 104 de la Constitución peruana de 1993 puede delegar facultades legislativas por tiempo determinado y sobre materias específicas. El empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno, por su parte, exige una declaratoria de estado de emergencia en las zonas donde se aplique, mecanismo que la Constitución reserva para supuestos de grave alteración del orden.
La militarización de las cárceles no es una fórmula inédita en América Latina. El régimen de excepción implementado en El Salvador desde 2022 bajo el mandato de Nayib Bukele, que combinó control militar de penales con la construcción de megacárceles, ha sido invocado en el debate público regional como referencia; en ese caso, organismos de derechos humanos han documentado denuncias de vulneración al debido proceso. En el propio Perú, el recurso a los militares en tareas de orden interno tiene antecedentes en los estados de emergencia declarados durante décadas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) para enfrentar al narcotráfico y a remanentes de Sendero Luminoso.
Organizaciones de derechos humanos no se han pronunciado de manera oficial sobre el anuncio, aunque en ocasiones anteriores han expresado reparos ante la ampliación de competencias militares en seguridad interna, por el riesgo de zonas grises en la rendición de cuentas frente a eventuales abusos. El gobierno, en contraste, sostiene que el control militar busca reducir la porosidad del sistema penitenciario, a la que atribuye parte del recrudecimiento de la extorsión.
El plan se enmarca en la política de seguridad anunciada por Fujimori durante su investidura, cuando afirmó que los militares liderarían la recuperación del control estatal en zonas donde la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal han desplazado a las autoridades civiles, particularmente en la selva y en corredores fronterizos.
Las próximas semanas serán determinantes para conocer el alcance real de la medida. El Ministerio de Defensa deberá precisar el cronograma de despliegue en los penales de máxima seguridad, mientras el Congreso evaluará la solicitud de facultades legislativas en materia de expulsión de extranjeros y reclasificación de organizaciones criminales, un debate que previsiblemente enfrentará a la bancada oficialista con sectores de oposición atentos a los riesgos para las garantías procesales.
