El origen de la incertidumbre se remonta a junio de 2026, cuando la Corte del King's Bench de Alberta, en Canadá, autorizó a Canacol a terminar varios contratos de suministro y transporte de gas como parte de un proceso de reestructuración financiera adelantado en ese país. La decisión judicial no tiene efectos automáticos en territorio colombiano: para aplicarse aquí debe ser primero reconocida por la Superintendencia de Sociedades, entidad que evaluará si las medidas resultan compatibles con el orden público económico y con la legislación nacional.
Mientras esa decisión no se produzca, los contratos de suministro continúan formalmente vigentes, según han insistido las empresas involucradas en el proceso. Ese matiz jurídico resulta clave: la posibilidad de que Canacol termine sus compromisos de entrega no es, por ahora, un hecho consumado, sino una expectativa que depende de una decisión administrativa colombiana todavía pendiente. El mecanismo de reconocimiento de procedimientos de insolvencia extranjeros exige que el juez colombiano verifique que las medidas foráneas no vulneren normas imperativas internas antes de darles fuerza en el país.
Cabrales sostuvo que "la caída de la producción de Canacol Energy agrava el déficit de gas mientras el país espera la decisión de la SuperSociedades sobre sus contratos". El analista situó el problema en un doble plano: por un lado, la merma física de gas disponible; por otro, la incertidumbre jurídica sobre si esos volúmenes menguados seguirán obligados a atender la totalidad de los contratos firmados.
La región Caribe es el epicentro de la preocupación. Allí el gas de Canacol resulta determinante tanto para el consumo residencial de los hogares como para la generación de energía eléctrica y para procesos industriales que no tienen sustituto inmediato en la matriz energética local. Una interrupción abrupta del suministro, advirtió el consultor, incrementaría la presión sobre un mercado que ya opera con márgenes estrechos, especialmente de cara a la próxima temporada seca.
El caso Cerro Matoso: 2.000 empleos en juego
El caso de mayor riesgo es el de Cerro Matoso, la compañía minera que opera en el departamento de Córdoba. La empresa aseguró que Canacol le suministra el 82% del gas natural que requiere para su operación. De suspenderse ese contrato, según explicó, tendría que apagar sus hornos de producción, lo que generaría daños irreversibles y costos de recuperación estimados entre $550.000 millones y $730.000 millones. La misma compañía advirtió que un cierre de esa naturaleza pondría en riesgo más de 2.000 empleos y afectaría a unas 50.000 personas de las comunidades cercanas.
Cerro Matoso, junto con Promigas, Gases del Caribe y Surtigas, anunció que ejercerá las acciones jurídicas necesarias tanto en Canadá como en Colombia para defender sus derechos, los de los usuarios finales y la continuidad del suministro de gas. Las distribuidoras han insistido, por su parte, en que los contratos con Canacol siguen vigentes en el país mientras la Superintendencia no resuelva.
El trasfondo de la disputa conecta con un problema estructural que las autoridades del sector advierten desde hace varios años: el agotamiento progresivo de las reservas de gas natural en los campos tradicionales, que ha llevado al país a depender cada vez más de importaciones para cubrir la demanda interna. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), advirtió que Colombia ya importa cerca del 32% del gas que consume y que cualquier modificación en los contratos de Canacol podría aumentar la incertidumbre sobre el abastecimiento y los precios del combustible, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño.
El fenómeno de El Niño reduce las lluvias y el nivel de los embalses, obligando al sistema eléctrico a recurrir con mayor intensidad a las plantas térmicas que funcionan con gas. Esa mayor demanda coincide en el calendario con la temporada seca, cuando el margen de maniobra del sistema se estrecha y una eventual reducción del suministro de gas tendría efectos directos sobre la generación y sobre las tarifas.
El precedente más cercano en la memoria del sector energético colombiano es la declinación de los campos de gas de La Guajira, que a lo largo de la última década obligó al país a incorporar infraestructura de importación de gas natural licuado y a acelerar la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento. Esa transición, que buscó suplir el retroceso de la producción histórica del norte del país, se prolongó durante varios años antes de consolidarse, un antecedente que ilustra la lentitud con la que el sistema puede reaccionar ante un choque de oferta.
La Superintendencia de Sociedades enfrenta ahora la tarea de sopesar dos intereses en tensión: el derecho de Canacol a reorganizar sus finanzas bajo un proceso reconocido por una corte extranjera y la protección del orden público económico colombiano, que incluye la continuidad del suministro de un servicio esencial para hogares e industrias. La entidad no ha fijado públicamente una fecha límite para resolver la solicitud de reconocimiento.
El desenlace del proceso ante la Superintendencia de Sociedades definirá, en los próximos meses, si los contratos firmes de suministro se mantienen intactos o si Canacol logra ajustar sus compromisos a la baja producción actual, una decisión que tendrá efectos directos sobre las tarifas y la seguridad energética de buena parte de la costa Caribe colombiana, justo cuando se aproxima el periodo de mayor demanda térmica del año.
