La advertencia reordena la manera de mirar un fenómeno hasta ahora asociado sobre todo al deterioro de arrecifes y ecosistemas. Los autores plantean que el calor acumulado en el mar tiene consecuencias sanitarias tangibles y que estas deben incorporarse a los planes de prevención de los gobiernos, del mismo modo que ya se hace con las olas de calor en tierra firme.
Uno de los efectos más visibles, según el estudio, es la capacidad del agua caliente para actuar como combustible de fenómenos meteorológicos extremos. El calor almacenado en el océano permite que tormentas y tifones ganen fuerza con rapidez, lo que se traduce en inundaciones, desplazamiento de comunidades y pérdidas humanas. Los investigadores citan como ejemplo el huracán Otis, que en 2023 se intensificó de forma extrema y dejó daños por más de 15.000 millones de dólares en México, según las cifras recogidas en el material, un episodio que vinculan a las altas temperaturas oceánicas.
Del clima al plato: toxinas, peces y seguridad alimentaria
El calentamiento de las aguas, según los autores, también favorece la aparición de floraciones algales nocivas: acumulaciones masivas de algas capaces de producir toxinas. Estas pueden contaminar los productos del mar destinados al consumo humano y generar riesgos de intoxicación, mientras que el contacto con esos entornos afectados se asocia a problemas respiratorios e incluso crisis de asma. A largo plazo, la reducción de las poblaciones de peces por efecto del calor pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de millones de personas que dependen del océano para nutrirse.
A ese cuadro los investigadores suman un impacto menos evidente: el psicológico. Cuando los ecosistemas marinos se degradan, las poblaciones que dependen de ellos para su sustento o que tienen una conexión cultural con el mar experimentan ecoansiedad, tristeza y depresión. Falkenberg señaló que muchas personas dependen de océanos sanos no solo para su alimentación e ingresos, sino también para su recreación, identidad cultural y su sentido general de bienestar, de acuerdo con las declaraciones difundidas.
La investigadora insistió en que el enfoque debe ser preventivo y no reactivo. Advirtió que, si solo se responde después de que ocurran los desastres, se seguirán experimentando impactos mayores que si se hubiera actuado de manera proactiva. Sobre esa base, el estudio llama a integrar las previsiones de calor marino en los planes de salud pública y a estrechar la cooperación entre científicos y agencias sanitarias antes de que sobrevengan las catástrofes.
Por qué interpela a un país con dos costas
El planteamiento tiene lecturas directas para Colombia, uno de los pocos países de América Latina con salida simultánea al mar Caribe y al océano Pacífico, y con comunidades pesqueras y ciudades portuarias como Cartagena, Barranquilla, Buenaventura y Tumaco expuestas de manera recurrente a fenómenos climáticos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) es la autoridad encargada del monitoreo oceanográfico y de la alerta temprana ante eventos como El Niño y La Niña, que alteran periódicamente la temperatura superficial del Pacífico colombiano.
El país cuenta además con un marco institucional para la gestión del riesgo. La Ley 1523 de 2012 creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), encargados de coordinar la prevención y la respuesta ante emergencias. El estudio internacional sugiere que las previsiones de calor marino podrían sumarse a ese tipo de instrumentos, aunque el material no detalla medidas específicas para casos nacionales.
La memoria reciente colombiana ofrece antecedentes de cómo la variabilidad oceánica golpea al país. El fenómeno de La Niña de 2010 y 2011 provocó una de las temporadas invernales más severas registradas, con inundaciones que afectaron a millones de personas y a buena parte de los departamentos, lo que llevó al Gobierno a declarar la emergencia y a crear el Fondo Adaptación para la reconstrucción. Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la política de gestión del riesgo climático en el país.
Los autores del estudio no se pronunciaron sobre políticas de países concretos, y su recomendación general es que los sistemas de salud pública anticipen los efectos del calor marino con la misma lógica con que ya se preparan ante las olas de calor terrestres. El material divulgado no incorpora la posición de otras instituciones ni cifras adicionales sobre incidencia sanitaria atribuible al calentamiento oceánico.
El siguiente paso, según el planteamiento de los investigadores, depende de que los gobiernos incorporen el monitoreo del calor marino a sus estrategias sanitarias y de gestión del riesgo. En el caso colombiano, ese cruce entre información oceanográfica del Ideam y planeación en salud pública sería el terreno donde se mediría, en próximas temporadas, si la advertencia científica se traduce en preparación efectiva.
