El Mando Único es un dispositivo que integra bajo una cadena de coordinación conjunta a la Policía Nacional, la Guardia Civil y, cuando la situación lo requiere, a las Fuerzas Armadas, con el objetivo de unificar la respuesta ante situaciones de emergencia en el perímetro fronterizo. Su activación en Ceuta responde a un patrón que la ciudad autónoma ya conoció en mayo de 2021, cuando en apenas 48 horas entraron cerca de 10.000 personas tras una relajación de los controles fronterizos por parte de Marruecos, en un episodio que el Ejecutivo español calificó entonces como una crisis diplomática sin precedentes y que obligó al despliegue del Ejército.
Aquella crisis de 2021 desembocó en una reconducción de las relaciones bilaterales que incluyó el giro de la posición española sobre el Sáhara Occidental en marzo de 2022, cuando el Gobierno respaldó el plan de autonomía marroquí para el territorio. El trasfondo actual —presión migratoria coincidiendo con tensiones en la relación entre Madrid y Rabat— reproduce elementos de aquel precedente, aunque en un contexto distinto.
La crítica de mayor calado a la gestión gubernamental partió esta semana del director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, en el programa 'Espejo Público' de Antena 3. Ramírez sostuvo que el Mando Único debió crearse antes y acusó al Ejecutivo de haber "dejado que la situación se pudra". El periodista fue más allá al advertir que "cada vez hay más españoles que creen que Sánchez ayuda a Marruecos a deteriorar la situación en Ceuta", una afirmación que sitúa la responsabilidad de la crisis en el ámbito de la política exterior del Gobierno.
La reclamación de que Sánchez explique en sede parlamentaria la gestión de la crisis se enmarca en el mecanismo ordinario de control al Ejecutivo previsto en la Constitución. El artículo 108 establece que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso, y el Reglamento de la Cámara habilita a los grupos para solicitar comparecencias del presidente, aunque la fijación de la fecha depende en última instancia de la agenda de la Presidencia y de la Junta de Portavoces.
En materia de acogida, Ceuta cuenta con un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) cuya capacidad estructural se ha visto históricamente desbordada en los picos de llegadas, un factor que ha condicionado la respuesta administrativa en anteriores episodios y que reaparece como problema logístico en cada repunte fronterizo.
La singularidad de Ceuta y Melilla como únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano convierte a ambas ciudades en puntos especialmente sensibles a las oscilaciones de la política migratoria marroquí. La colaboración de Rabat en el control de flujos ha sido, desde la Transición, uno de los ejes de la relación bilateral y una palanca recurrente en los momentos de fricción diplomática.
El Gobierno ha defendido en ocasiones anteriores que la gestión de la frontera se realiza en coordinación con las autoridades marroquíes y en el marco de los acuerdos de cooperación vigentes entre ambos países. La oposición, por su parte, ha venido reclamando una explicación pública del presidente sobre el alcance de la crisis y las medidas adoptadas.
La comparecencia de Sánchez sobre Ceuta sigue pendiente de fecha en el calendario parlamentario. El curso político se reactiva a partir de septiembre con la reanudación de la actividad ordinaria de las Cámaras, momento en el que los grupos podrán reiterar formalmente sus peticiones de control al Ejecutivo y en el que se concretará si la explicación del presidente se produce en el Pleno del Congreso o en comisión.
