Paz utilizó el escenario simbólico de Sucre, la ciudad donde Bolivia nació a la vida republicana en 1825, para trazar un balance de su gestión y contrastarlo con los veinte años de administraciones del MAS, encabezadas por Evo Morales entre 2006 y 2019 y por Luis Arce entre 2020 y 2025. Según el mandatario, ambos gobiernos dejaron al país "arrasado y moribundo", en referencia a la crisis económica que golpea a Bolivia desde hace varios años.
"Estamos ordenando la casa protegiendo al pueblo, sin sacrificar la soberanía ni la dignidad de la patria. Tomamos decisiones difíciles, algunas fueron impopulares y otras tuvieron un costo para la familia pero eran necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía", sostuvo Paz, quien enmarcó las medidas de su gobierno como un tránsito necesario para frenar el deterioro económico.
Estabilización cambiaria y retiro de la subvención a combustibles
El presidente detalló que su primera decisión estructural fue la "recuperación de la confianza" en la economía, que se tradujo, según las cifras que expuso, en una caída del riesgo país de 2,200 a 421 puntos. Paz vinculó esa mejora a la implementación de un nuevo régimen cambiario flexible que, afirmó, permitió normalizar de manera gradual el mercado de divisas, uno de los focos más críticos de la crisis heredada, marcada por la escasez de dólares y un mercado paralelo desfasado respecto de la referencia oficial.
Como segunda medida, reivindicó el retiro de la subvención a los combustibles, una política que sostuvieron durante años las administraciones del MAS y que Paz calificó de que "ya no era sostenible" para las cuentas públicas. El mandatario agradeció lo que llamó la "grandeza del pueblo al enfrentar cambios, como reordenar el gasto público". Este tipo de ajustes tiene antecedentes conflictivos en Bolivia: la llamada "guerra del gas" de 2003, motivada por la política energética, derivó en la caída del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada; y en diciembre de 2010 el fallido intento de Evo Morales de recortar el subsidio a los carburantes —el "gasolinazo"— fue revertido en menos de una semana por la presión social.
Intervención en YPFB, bonos y apertura exterior
Como tercer eje, Paz destacó un proceso de "modernización" del Estado, con medidas orientadas a reducir trámites burocráticos y fortalecer la ciudadanía digital. En ese capítulo incluyó la intervención de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la petrolera pública que ha enfrentado cuestionamientos por la calidad del combustible distribuido en el mercado interno, un problema que se sumó a la escasez de diésel y gasolina de los últimos años.
El mandatario reivindicó asimismo el incremento de bonos para adultos mayores y menores de edad, medidas de alivio financiero para microempresas y una mayor dotación de personal e internet en los sectores de salud y educación. Estas acciones, dijo, buscan proteger a las familias mientras avanza el reordenamiento macroeconómico.
En el plano internacional, Paz habló de una política de apertura de Bolivia "al mundo", que incluiría el restablecimiento de relaciones diplomáticas con algunos países y la profundización de vínculos con otros, además de gestiones de apoyo financiero ante organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta orientación marca un giro respecto de la política exterior del MAS, que privilegió alianzas con bloques como la ALBA y mantuvo una relación distante con Washington.
Diálogo tras el conflicto social y anuncio anticorrupción
El presidente reivindicó como decisión relevante la apuesta por el diálogo frente al conflicto social que, entre mayo y junio de este año, mantuvo paralizadas durante siete semanas a varias regiones del país, aunque no detalló en su discurso los orígenes ni las demandas específicas de esas movilizaciones. Bolivia arrastra una larga tradición de protestas sectoriales y regionales —de mineros, cocaleros, transportistas o comités cívicos— que han condicionado la gobernabilidad de administraciones de distinto signo, incluidas las del propio MAS.
Paz mencionó, además, lo que definió como una "nueva gobernabilidad" construida junto a autoridades departamentales y municipales, bajo la premisa de que su gobierno buscará "acuerdo con instituciones, no con políticos", una fórmula con la que intentó marcar distancia de las negociaciones partidarias de ciclos anteriores.
El mandatario reconoció que en nueve meses "no se puede cambiar" lo construido durante veinte años por las administraciones previas, y anunció la creación de un Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, que —según explicó— tendrá como mandato combatir la corrupción dentro de la administración pública. No ofreció, sin embargo, detalles sobre su composición, plazos de instalación ni el marco normativo bajo el que operará esa nueva instancia.
"Amemos la patria, nos podemos tropezar, nos podemos equivocar, y si lo hemos hecho pido disculpas como presidente a nombre del Gobierno", dijo Paz hacia el final de su intervención, en un tono conciliador que contrastó con la dureza de sus críticas a las gestiones anteriores.
El acto en Sucre se produjo mientras Bolivia continúa gestionando los efectos de la crisis de divisas y combustibles agravada durante los últimos años del gobierno de Luis Arce. La gestión de Paz enfrenta el desafío de sostener el respaldo político necesario para profundizar las reformas anunciadas, en un escenario donde el MAS y sectores sociales vigilan de cerca cada medida de ajuste. Ni el Movimiento al Socialismo ni otras bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional emitieron de inmediato una respuesta pública al discurso presidencial, por lo que su valoración quedará, previsiblemente, para los próximos debates parlamentarios y la discusión del presupuesto general del Estado.