Los chats revelados por la revista Semana muestran un tono de cercanía entre el entonces funcionario y el abogado privado. «Papi te veré exitoso en esta gestión… Eres un sol, me va a mandar el catálogo», se lee en uno de los mensajes atribuidos a Zuluaga, según fuentes de la propia Contraloría citadas en la publicación. La frase, referida al catálogo de las camionetas, se produjo en medio de gestiones que, de acuerdo con esas fuentes, tenían como telón de fondo una solicitud de prórroga a la auditoría que la Contraloría adelantaba sobre la SAE.
No es la existencia de la gestión lo que genera reparos dentro del ente de control —conseguir vehículos para la entidad—, sino el método y lo que las fuentes consultadas describen como el «costo»: frenar la auditoría a la SAE a cambio de la entrega de las camionetas. En los mensajes, Del Río habría remitido directamente el documento de la solicitud de prórroga, el mismo trámite que los funcionarios que identificaron la secuencia señalan como contraprestación frente a los vehículos.
Zuluaga, que se desempeñó como vicecontralor y hoy aspira al cargo en la elección que resuelve la plenaria del Congreso, defendió la regularidad del trámite. Sostuvo que la solicitud de prórroga presentada por la SAE «es un hecho común y corriente al que tienen derecho los sujetos vigilados» y que «el mecanismo está establecido para garantizar el debido proceso y la contradicción». Ninguna de las partes mencionadas desmintió la autenticidad de las conversaciones difundidas.
El origen de la denuncia
Las conversaciones integrarían el material probatorio de una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por Ximena Bustamante, exesposa de Del Río, en la que se detallan episodios que la denunciante califica de graves y que vincularían al abogado con hechos de repercusión nacional, entre ellos maniobras señaladas contra el abogado penalista Diego Cadena y, según la denunciante, de manera indirecta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en ese momento enfrentaba un juicio penal.
«Me doy cuenta del montaje que estaba organizando Del Río con el narcochofer no era solo contra Diego Cadena, de paso contra el expresidente Uribe, quien en ese momento estaba enfrentando su juicio y su antagonista era Miguel, sino que también iba contra mí. Estaba en una situación compleja con Miguel, episodios que ya sabe la Fiscalía, y querían ponerme una trampa para sacarme del camino», explicó Bustamante en su denuncia.
Según el material divulgado, la Fiscalía no ha dado señales públicas de avance sobre esa denuncia. No consta la apertura de una investigación formal contra Del Río ni contra Zuluaga por los hechos relacionados con las camionetas y la auditoría a la SAE, ni que ninguno haya sido vinculado mediante imputación en el sistema penal acusatorio que rige en Colombia desde la Ley 906 de 2004.
Un procedimiento bajo control del Congreso
La elección de contralor general corresponde a la plenaria del Congreso a partir de una lista de elegibles conformada mediante convocatoria pública, según el artículo 267 de la Constitución Política, reformado por el Acto Legislativo 04 de 2019, que eliminó la terna tradicional de las altas cortes y fijó un período de cuatro años. El contralor tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal de la administración pública, incluidas entidades como la SAE, encargada de administrar los bienes incautados y extinguidos al narcotráfico.
La eventual comisión de un delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 411 del Código Penal colombiano, exigiría acreditar que el servidor público utilizó su cargo para obtener un beneficio indebido a cambio de favorecer un interés particular, extremo que ninguna autoridad judicial ha establecido hasta el momento respecto de Zuluaga. La proximidad entre un alto funcionario de un ente de control y un abogado con vínculos políticos no configura, por sí sola, un delito.
El episodio se inscribe en una serie de cuestionamientos que han rodeado a los organismos de control colombianos. La propia Contraloría ha sido escenario de procesos por presuntas irregularidades: el excontralor delegado Carlos Felipe Córdoba y episodios anteriores en la entidad han alimentado un debate recurrente sobre la independencia de quienes vigilan la gestión fiscal. La SAE, sucesora de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes clausurada en 2011 por escándalos de corrupción en la administración de bienes incautados, arrastra desde su creación denuncias sobre el manejo de ese patrimonio.
Voceros de la Contraloría no han fijado una posición oficial sobre las conversaciones difundidas, mientras Zuluaga insiste en que su gestión como vicecontralor se ajustó a los procedimientos reglamentarios. Del Río no ha hecho declaraciones públicas sobre la denuncia de su exesposa ni sobre el contenido de los mensajes que lo vinculan con la gestión de las camionetas.
La votación en el Congreso, prevista para las próximas horas, definirá si Zuluaga asume la Contraloría en medio de este cuestionamiento o si la plenaria opta por otro de los aspirantes. De resultar electo, la controversia sobre su cercanía con Del Río podría derivar en solicitudes de debate de control político en el Capitolio, mientras la Fiscalía no ha informado sobre el curso que dará a la denuncia de Bustamante ni sobre una eventual ampliación de la indagación a los hechos relacionados con la auditoría a la SAE.
