La meta se apoya en tres frentes: transición energética, movilidad eléctrica y reducción de emisiones en sectores productivos. Benítez detalló que la capacidad solar conectada al sistema ha crecido un 40%, al tiempo que avanzan iniciativas para disminuir las emisiones generadas por los gases refrigerantes utilizados en equipos de aire acondicionado, uno de los focos menos visibles del inventario nacional de contaminantes climáticos.
En movilidad eléctrica, la funcionaria indicó que el parque acumulado de vehículos 100% eléctricos pasó de unas 300 unidades en 2022 a cerca de 2,400 en 2025. El respaldo normativo de ese crecimiento es la Ley 295 de 2022, que obliga a las instituciones públicas a incorporar de forma progresiva vehículos eléctricos en sus flotas administrativas hasta alcanzar un 25% en 2027 y un 40% en 2030. Para las nuevas flotas de transporte público colectivo y selectivo, la norma fija porcentajes mínimos de 20% en 2027 y 33% en 2030.
En el sector agropecuario, Miambiente trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) en medidas para reducir las emisiones asociadas al cultivo de arroz y promover prácticas ganaderas más sostenibles, dos actividades que figuran entre las fuentes relevantes del inventario nacional de gases de efecto invernadero.
Los compromisos ambientales del país no se limitan a la reducción de emisiones. El plan contempla la restauración de 100,000 hectáreas de ecosistemas entre 2026 y 2035, de las cuales 2,500 corresponden a manglares degradados, ecosistemas que cumplen una función de protección costera frente al aumento del nivel del mar.
Edna Flores, jefa del Departamento de Acción Climática de Miambiente, subrayó que la reducción de emisiones debe ir acompañada de medidas de adaptación. Según indicó, actuar frente al cambio climático implica proteger simultáneamente los recursos hídricos, los cultivos, las zonas costeras y las comunidades más expuestas a los riesgos climáticos.
"Actuar es imperativo: debemos reducir las emisiones y, al mismo tiempo, preparar al país frente a los impactos del cambio climático", destacó Edna Flores, jefa del Departamento de Acción Climática de Miambiente.
Seis consecuencias ya identificadas en el país
Miambiente ha identificado hasta el momento seis consecuencias principales del cambio climático en el territorio nacional, con efectos que varían según la región. Mientras algunas zonas podrían registrar un aumento de las precipitaciones, la península de Azuero enfrentaría una disminución de las lluvias, según explicó Benítez. El alza de las temperaturas constituye además un riesgo para la salud de adultos mayores, niños y trabajadores expuestos al calor de forma prolongada.
Las afectaciones a la disponibilidad de agua tendrían consecuencias tanto para el consumo humano como para las operaciones del Canal de Panamá, donde las variaciones en los niveles de agua pueden incidir en el tránsito de buques. Benítez advirtió también sobre el aumento del nivel del mar en las comunidades costeras del Caribe y el Pacífico, con riesgo de inundaciones e intrusión de agua salada en viviendas y terrenos agropecuarios, así como sobre los desplazamientos humanos ya registrados en Guna Yala, donde comunidades han debido enfrentar procesos de reubicación.
Pese a mantener su condición de país carbono negativo, Panamá no está exenta de los efectos del calentamiento global. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero de Miambiente, el país emitió 20.5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2021, con un balance final negativo de 6.8 millones de toneladas entre absorciones y emisiones. Para orientar las medidas de prevención por territorio, la entidad utiliza el Atlas Nacional de Riesgo Climático, mientras el proyecto Cuencas Resilientes impulsa soluciones para reducir las afectaciones a los productores agropecuarios.
