El dirigente socialista calificó la situación en la ciudad autónoma de «violación de la integridad territorial» y sostuvo que la respuesta institucional «ha sido evidentemente insuficiente de todo punto de vista», una valoración que, según defendió, comparte «todo el mundo en España». «El que piense de otra manera simplemente es que no ha visto lo que ha pasado», añadió, en una de las intervenciones más críticas de un presidente autonómico del PSOE sobre la gestión migratoria del Ejecutivo central.
García-Page vinculó el retraso en la puesta en marcha del mando único al calendario. «A lo mejor ese mando único hubiera estado mucho antes de haber sido al final de las vacaciones. Es triste llegar a esta conclusión», declaró. La afirmación apunta, a su juicio, a que el momento estival condicionó los tiempos de reacción del Estado ante un episodio que definió como de seguridad nacional.
Pese a las críticas, remarcó que prestará «todo su apoyo» a Ángel Torres al frente del mando único constituido para coordinar la respuesta en Ceuta. Esta figura centraliza bajo una sola autoridad las competencias que en circunstancias ordinarias se reparten entre distintos ministerios y cuerpos de seguridad, con el fin de evitar solapamientos operativos en situaciones de crisis en la frontera sur.
El presidente autonómico señaló además las «discrepancias y contradicciones en las distintas versiones» que atribuyó a las declaraciones cruzadas de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el desarrollo de los hechos. Esa disparidad entre dos departamentos con responsabilidades en el control fronterizo —Interior a través de la Guardia Civil y Defensa mediante el dispositivo militar de apoyo— alimentó, según Page, una percepción de «impotencia en el control de las fronteras».
Llamada a un pacto de Estado
Más allá de la crítica coyuntural, García-Page planteó la apertura de negociaciones entre el Gobierno y la oposición para alcanzar «un auténtico pacto de Estado en relación con la migración». Defendió que un acuerdo de estas características «no le tendría que terminar de gustar a ninguno de los radicales en unos extremos y en otros», en referencia a las posiciones más polarizadas del debate.
El presidente castellanomanchego diagnosticó que «en el actual ambiente político de crispación, de frentismo, hay tantos muros que es imposible alcanzar un acuerdo», y reclamó sacar la cuestión «del frentismo barato y del populismo barato», apelando a un tratamiento a la vez «humano y legal» con quienes emigran por necesidad, «sabiendo que todo tiene que tener un límite y que todo tiene que tener un perímetro».
Los precedentes de pactos de Estado en España son escasos y de recorrido desigual. El Pacto de Toledo sobre pensiones, suscrito en 1995 y renovado periódicamente, o el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 muestran que estos acuerdos son posibles cuando existe voluntad transversal, aunque su aplicación no siempre está exenta de fricciones entre administraciones. En materia migratoria, España carece hasta la fecha de un marco de este tipo pactado entre los dos grandes partidos.
La crisis en Ceuta no es la primera que pone a prueba la coordinación institucional en la frontera sur. En mayo de 2021, la ciudad autónoma vivió la llegada de varios miles de personas en pocas horas tras la relajación de controles por parte de Marruecos, en el contexto de la tensión diplomática por la acogida en España del entonces líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó igualmente en un despliegue del Ejército y en un debate sobre el reparto de competencias entre Interior y Defensa.
Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, lo que la convierte en un punto singular de presión migratoria. Su condición fronteriza obliga a una coordinación permanente entre las autoridades españolas, las marroquíes y las instancias comunitarias, con la agencia europea Frontex como referencia en la gestión de las fronteras exteriores.
Desde el Gobierno no se ha ofrecido hasta el momento una respuesta pública detallada a las críticas de García-Page, más allá de la propia activación del mando único bajo Ángel Torres, presentada como la vía para centralizar la gestión operativa. Ni Interior ni Defensa han confirmado o desmentido públicamente las discrepancias que el presidente autonómico atribuyó a la cronología de los hechos.
El episodio abre un nuevo punto de fricción dentro del espacio socialista, dado que García-Page ha protagonizado en el pasado otras discrepancias públicas con la dirección de su partido en asuntos como la financiación autonómica o la ley de amnistía. Queda por ver si su llamada a un pacto de Estado migratorio encuentra recorrido en las próximas semanas o si, como otras iniciativas similares en la última década, se diluye por la falta de consenso entre los principales grupos parlamentarios.