La controversia arrancó cuando Puente cuestionó públicamente que la Casa Real no hubiera impedido que el periodista se acercara al Rey durante los actos oficiales en Colombia, un gesto que el ministro calificó como «una ignominia». Desde entonces, el titular de Transportes ha mantenido su posición pese a las críticas recibidas desde distintos sectores, que le reprochan extender el debate político a la figura del jefe del Estado.
Puente sostuvo en sus mensajes que la naturaleza simbólica de la Corona no la exime de responsabilidad sobre su propia imagen: según el ministro, quien se fotografía con el Rey «contamina» o no la institución en función de su trayectoria pública, tesis que vinculó directamente con el episodio colombiano y con la actividad del periodista al que ha señalado por su nombre. El profesional aludido, por su parte, rechazó los términos empleados por el ministro y negó las acusaciones vertidas contra él, en un intercambio librado casi por completo a través de publicaciones en redes sociales.
El marco constitucional que blinda a la Corona
La Constitución de 1978, en su artículo 56, define al Rey como jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, y le atribuye una función arbitral y moderadora ajena a la confrontación partidista. Ese mismo artículo, en su apartado tercero, establece la inviolabilidad del monarca y la irresponsabilidad por sus actos, que se trasladan a quien los refrenda. Este diseño es el que sostiene la tradición de no involucrar a la Casa del Rey en disputas partidistas y de que la institución no valore quién se relaciona con el monarca en actos oficiales ni las críticas que reciba desde el Gobierno.
La Zarzuela mantiene su política de no entrar en polémicas políticas ni responder a valoraciones sobre la agenda de viajes oficiales, una práctica sostenida desde el reinado de Juan Carlos I y continuada por Felipe VI tras su proclamación en junio de 2014. Fuentes de Moncloa no han fijado una posición oficial sobre las declaraciones de su ministro, en línea con la práctica habitual del Ejecutivo de no pronunciarse sobre las opiniones que sus miembros expresan en redes sociales, si bien la reiteración de los mensajes de Puente ha reabierto el debate sobre los límites de esas intervenciones cuando afectan a la Jefatura del Estado.
No es la primera vez que un miembro del Gobierno cuestiona públicamente gestos de la Casa Real. Desde la formación de gobiernos de coalición con presencia de fuerzas críticas con la monarquía, a partir de 2020, se han sucedido episodios de fricción entre ministros y la institución. El antecedente más citado es el del propio Juan Carlos I, cuya salida de España en 2020 y posterior instalación en Emiratos Árabes Unidos generó un intenso debate sobre la relación entre la Corona y la esfera pública, sin que ello alterase el marco de inviolabilidad recogido en la Constitución.
Oposición dividida ante las palabras del ministro
El Partido Popular y Vox han acusado a Puente de faltar al respeto a la institución y han reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se pronuncie sobre las palabras de su ministro. Otros grupos de la izquierda parlamentaria han evitado entrar a valorar directamente el fondo de la disputa entre el ministro y el periodista.
El episodio se enmarca en un mayor escrutinio de los viajes oficiales de la Familia Real. Desde la reforma de la Ley de Transparencia y la creación de mecanismos de buenas prácticas en la Casa del Rey, la actividad institucional del monarca está sometida a un nivel de publicidad superior al de épocas anteriores, aunque las decisiones sobre seguridad y protocolo en el extranjero corresponden a los servicios diplomáticos y de escolta, y no a la Casa Real de forma unilateral.
Por el momento no consta que la Casa del Rey vaya a modificar sus protocolos de acceso de prensa en futuros viajes oficiales a raíz de esta polémica, ni que el Gobierno vaya a adoptar una posición institucional distinta de la mantenida hasta ahora. La discusión permanece en el terreno de las declaraciones públicas entre el ministro y el periodista señalado, sin que ninguna de las partes haya anunciado acciones legales.
