La denominada operación Poseidón se originó en 2021, después de que las autoridades lograran el decomiso de varios cargamentos de droga y ubicaran información sobre los posibles integrantes de la estructura. La investigación se extendió durante cinco años hasta desembocar en el operativo de esta semana, que incluyó 48 allanamientos en cinco provincias.
Según la Fiscalía, el grupo movía dinero producto de la recepción de droga procedente de Colombia, que luego era enviada hacia Europa y Estados Unidos. El decomiso de bienes vinculados a la estructura incluyó 12 embarcaciones, ocho automóviles, una finca y dos motores fuera de borda, elementos que las autoridades asocian con la logística del presunto tráfico marítimo.
Carlos Pitano, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos líderes de la red, fue aprehendido el viernes pasado en Bocas del Toro. De acuerdo con el Ministerio Público, habría violado una orden de impedimento de salida de la provincia de Los Santos, medida que mantenía por cargos de blanqueo de capitales. La Fiscalía describe su participación en la organización como activa, aunque el caso se encuentra en fase de investigación.
Las autoridades también ubicaron teléfonos celulares que están siendo revisados en busca de indicios adicionales relacionados con los delitos investigados. El análisis forense de esos dispositivos podría ampliar el número de personas vinculadas a la estructura conforme avance el examen.
La operación Poseidón se suma a las investigaciones del Ministerio Público sobre estructuras de crimen organizado con ramificaciones financieras. En paralelo, la Fiscalía instruye el caso Pandora, que ya suma 22 imputados por el fraude de créditos fiscales en la Dirección General de Ingresos, otra pesquisa de largo aliento sobre presuntas redes de defraudación con funcionarios y particulares.
El blanqueo de capitales ha sido un frente sensible para Panamá desde que el país figuró en las listas de vigilancia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que salió en 2023 tras adoptar reformas legales y reforzar la persecución penal de esas conductas. Los operativos contra estructuras que combinan narcotráfico y lavado, como Poseidón, se inscriben en ese esfuerzo de fiscalización.
Los bienes decomisados —las embarcaciones, los automóviles y la finca— quedan sujetos al proceso judicial en curso, cuyo destino dependerá del avance de la causa ante los tribunales competentes.