Martínez fue aprehendido un día antes de la audiencia, celebrada el jueves 10 de septiembre, en la que la juez Clara Montenegro acogió la imputación de cargos presentada por el Ministerio Público y dispuso la detención provisional mientras avanza la investigación por presunto blanqueo de capitales, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios.
La fiscal Elizabeth Carrión sostuvo ante el tribunal que Martínez formaba parte de la estructura que, desde dentro de la DGI, alteraba créditos fiscales para luego venderlos a empresas que los asumían como legítimos. A Martínez se le atribuye haber empleado sociedades canasta para captar hasta $21 millones en créditos en asocio con funcionarios de la entidad recaudadora, a quienes habría realizado pagos.
Martínez figura como tesorero de Multiservicios Instant Express, una de las tres sociedades señaladas como intermediarias de la red, junto con Buzz Marketing 2.0 y Berajah Tikva & Company S.EP., de la cual es presidente y representante legal. La presidencia de Instant Express recayó hasta el año pasado en Héctor Luna y ahora está en manos de Juan Omar Palacio Batista; ambos fueron aprehendidos en junio pasado como parte de la misma operación.
El fiscal Dagoberto Alvarado ha descrito a Palacio como uno de los principales puntos de conexión dentro de la estructura financiera investigada, por mantener relación con diversas personas vinculadas al caso. Luna, por su parte, aparece como tesorero de Buzz Marketing 2.0, otra de las sociedades utilizadas presuntamente como canasta para la compraventa de los créditos.
La fiscalía cuenta también con las declaraciones de Eduardo Silvestre, exjefe de Cuentas Corrientes de la DGI, y de Rina Arza, también exfuncionaria de la entidad, quienes colaboran con la investigación y habrían aportado detalles sobre la presunta participación de Martínez en el esquema. A ello se suman las transcripciones de comunicaciones interceptadas a integrantes de la red, incorporadas al expediente con detalles de cómo se ejecutaba la operación.
El caso, que ya acumula 91 tomos, describe una estructura con tres niveles operativos: funcionarios que alteraban el sistema e-Tax 2.0 para apropiarse de los créditos, abogados y operadores que constituían sociedades para colocarlos de manera temporal, y un tercer grupo encargado de venderlos y repartir el botín. La investigación calcula que el esquema ocasionó al Estado una lesión patrimonial de al menos $40 millones.
La juez Montenegro justificó la detención provisional de Martínez por el riesgo de fuga y de que pudiera alterar pruebas, la misma figura cautelar del sistema penal acusatorio aplicada en otros procesos, como la detención provisional para un hombre vinculado a un homicidio en Colón.
La pesquisa se originó a partir de una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público el 2 de mayo de 2025, en la que se advertía sobre las actividades de funcionarios de la DGI, punto de partida de una investigación que hoy suma 22 personas imputadas.