El sismo golpeó a una ciudad que en menos de seis años ha debido sortear tres crisis de naturaleza distinta: la pandemia de covid-19, el estallido social de 2021 y ahora un desastre natural de gran magnitud que, a diferencia de los anteriores, dejó daños físicos en la infraestructura urbana. Pedro Carvajal, presidente de la Organización Carvajal, sintetizó ese hilo conductor al señalar que se trata de crisis distintas que, sin embargo, «comparten algo profundo: pusieron a prueba nuestra capacidad de resiliencia como ciudad y como región».
Según Carvajal, mientras la pandemia impuso una prueba de incertidumbre sanitaria y económica y el estallido social expuso una fractura del tejido social, el terremoto ha golpeado directamente las estructuras físicas de la ciudad y el entramado familiar de miles de caleños. «Ahora el terremoto nos golpea físicamente en nuestras estructuras y en el corazón de muchas familias», afirmó el empresario, quien insistió en que la respuesta pasa por «unidad, solidaridad y trabajo conjunto». En su mensaje a los damnificados, sostuvo: «Nos vamos a levantar (…). Juntos, autoridades, sector privado y ciudadanos vamos a salir adelante trabajando unidos».
El músculo empresarial del Valle
La reacción del empresariado vallecaucano se ha canalizado principalmente a través de ProPacífico, la iniciativa que agrupa a compañías con operaciones en el departamento y que ha coordinado el compromiso de $220.000 millones destinados a la emergencia y a la reconstrucción de Cali, el norte del Valle y Buenaventura, esta última una de las zonas también gravemente afectadas por el movimiento telúrico. Entre las empresas que han hecho aportes superiores a $10.000 millones de manera individual figuran Sidoc, Colombina, Carvajal, Fanalca, Celsia, Amalfi, Manuelita, Organización Delima, Smurfit Westrock, Banco de Occidente, Bivien, Grupo Diana, Jaramillo Mora, Colgate, Grupo Pichucho, Laboratorios Edo, Clínica de Occidente, Datecsa, Finesa, Supertiendas Cañaveral y Coomeva. A esa lista se suma la donación de $50.000 millones anunciada por el Grupo Tecnoquímicas (TQ), una de las contribuciones individuales más altas reportadas hasta el momento.
Carvajal explicó que la magnitud del desastre exige la concurrencia de todos los actores sociales —ciudadanos, empresas, autoridades locales y nacionales— y que el aporte del sector productivo no se limita a los recursos económicos. «Desde el sector productivo aportamos recursos económicos, pero sobre todo velocidad, logística, capacidad de ejecución y conocimiento técnico. Ese apoyo es fundamental tanto en la fase humanitaria inmediata como en la reconstrucción», señaló el dirigente gremial, cuya organización cumple más de 100 años de presencia en Cali.
El empresario advirtió, no obstante, que la fase de reconstrucción apenas comienza y que aún se está dimensionando la magnitud real del evento. «La reconstrucción, insisto, nos va a requerir a todos y será un proceso de largo aliento. Hoy apenas seguimos dimensionando la magnitud del evento, pero debemos trabajar en trazar el camino para iniciar el proceso de reconstrucción y ayuda a tantas familias y empresas que se vieron afectadas», apuntó Carvajal. Como antecedente inmediato de esta movilización de recursos, citó la experiencia de Compromiso Valle, iniciativa previa de cooperación entre empresas de la región, que a su juicio demostró que se avanza «cuando nos articulamos alrededor de un propósito común».
Uno de los elementos que ha llamado la atención en la respuesta a la emergencia es la cercanía entre el Gobierno nacional y el empresariado, una relación que durante el mandato anterior atravesó episodios de tensión y que, según voceros del sector privado, habría encontrado un nuevo impulso bajo el actual Gobierno del presidente De La Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda. La tragedia, señalan estas mismas fuentes, se habría convertido en un catalizador de esa articulación entre lo público y lo privado.
Un país marcado por el riesgo sísmico
El desastre del 10 de agosto se suma a un historial de eventos que ha marcado la relación de Colombia con el riesgo geológico, desde el terremoto de Popayán en 1983 hasta el de Armenia y el Eje Cafetero en 1999, este último con miles de muertos y un proceso de reconstrucción que dio origen al Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec) y que tomó años. Aquellos episodios dejaron lecciones institucionales sobre la necesidad de fondos de reconstrucción específicos, el fortalecimiento de las normas de sismorresistencia y la coordinación entre los niveles nacional y territorial de gobierno.
La atención de la emergencia y la eventual reconstrucción de Cali plantean además un desafío fiscal para el Gobierno nacional, que deberá definir el destino de partidas del Presupuesto General de la Nación para atender a los damnificados, así como los mecanismos de articulación con los recursos privados ya comprometidos. La Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca son, junto con el Gobierno nacional, las entidades llamadas a coordinar ese proceso en las próximas semanas.
Por ahora, el balance oficial de la Alcaldía de Cali —153 muertos, 1.657 lesionados, 40 desaparecidos, 88 personas rescatadas y 24 edificaciones con colapso total— continúa siendo objeto de actualización a medida que avanzan las labores de remoción de escombros y la revisión estructural de edificaciones en las zonas más afectadas. Las autoridades no han precisado aún un cronograma detallado para las etapas de reconstrucción ni el monto total que demandará el proceso, que según los propios empresarios consultados será «de largo aliento».
