El gobierno electo manifestó su preocupación por la decisión y, según su comunicado oficial, la enmarcó como una medida que busca atender los efectos del fenómeno de El Niño mediante proyectos de energía solar. El equipo entrante no acusó formalmente de ilegalidad al giro, sino que planteó reservas sobre la conveniencia de ejecutar un desembolso de esa magnitud en las semanas finales de un gobierno saliente y hacia una entidad cuya contratación —según advirtió— se ha hecho en buena parte por la vía directa.
Petro respondió al equipo del presidente electo a través de su cuenta oficial en la red social X, donde justificó el traslado como una medida necesaria frente a lo que describió como una supersequía severa esperada entre diciembre y mayo de 2027. El mandatario sostuvo que su instrucción al gabinete ha sido no apropiarse de recursos públicos: «la orden dada por mi es no robarse un peso», escribió, y advirtió que si el gobierno entrante concentra su energía en procesos judiciales «va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía».
En el mismo mensaje, Petro señaló que De La Espriella habría condicionado a los ministros y ministras salientes a que «buscará delitos». El presidente afirmó que esa postura no le importa y describió los frentes a los que se dirigirían los recursos: «agua potable, agua para alimentos, subsidio, fertilizantes, desalinizadoras, pozos de agua, acueductos, y muchísimos paneles solares». Reprochó, además, que el equipo entrante «debió ir al empalme» y le recomendó a De La Espriella «leer mientras llega el 7 de agosto qué es la crisis climática».
El presidente utilizó también su mensaje para referirse a su situación personal al cierre del mandato. Afirmó que entró al poder «con una casa propia y una cuenta de banco» que le servía y que sale «con media casa y una cuenta de banco que me bloquearon», en alusión a procesos que no detalló en el texto.
La entidad receptora y el marco de la decisión
La UNGRD, responsable de coordinar la respuesta estatal ante emergencias y desastres, opera bajo la Ley 1523 de 2012, que estructuró el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tras la ola invernal de 2010-2011. Su margen de contratación directa por urgencia manifiesta es, precisamente, el punto que el equipo entrante señala como riesgo. La Constitución Política faculta al presidente para dirigir la administración pública durante todo su mandato, sin restricción explícita sobre decisiones presupuestales en los días finales de la gestión, aunque el Presupuesto General de la Nación y sus modificaciones quedan sujetos al control fiscal de la Contraloría General de la República y a la vigilancia del Congreso a través de las comisiones económicas.
El fenómeno de El Niño, patrón climático cíclico asociado al calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, ha afectado a Colombia en episodios anteriores con consecuencias en la disponibilidad de agua y la producción agrícola, particularmente en la región Andina. El anuncio presidencial de una supersequía severa entre finales de 2026 y mediados de 2027 se enmarca en esa recurrencia histórica del fenómeno.
El precedente más inmediato que conecta a la UNGRD con la contratación de emergencia por escasez de agua es el caso de la compra de carrotanques para atender la crisis de La Guajira, que derivó en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría por presuntas irregularidades y salpicó a funcionarios del propio gobierno de Petro. Ese episodio explica la sensibilidad política que hoy rodea cualquier giro millonario a la entidad.
El giro de $4 billones se produce, además, en un momento de transición institucional. El propio Petro sostuvo que el equipo entrante no participó en las reuniones de empalme previas a la transmisión de mando, un reproche que traslada al gobierno electo la responsabilidad de no haber intervenido en la planeación de la respuesta a la emergencia climática. De La Espriella tomará posesión el 7 de agosto conforme al calendario constitucional de transmisión de mando.
Hasta el momento, el gobierno electo no ha anunciado medidas concretas frente al giro más allá de la preocupación manifestada en su comunicado. La Contraloría conserva la facultad de ejercer control fiscal posterior sobre la ejecución de estos recursos, incluso después del cambio de gobierno, si se identifican irregularidades en su manejo; la Procuraduría, por su parte, puede abrir indagaciones disciplinarias sobre los funcionarios que ordenen y ejecuten el desembolso.
De cara a las próximas semanas, el foco estará en si las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes citan a debates de control político sobre el traslado antes de la posesión, y en si los organismos de control abren actuaciones preventivas. La llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño el 7 de agosto marcará el punto en que su gobierno deberá decidir si mantiene, ajusta o audita la ejecución de los recursos girados a la UNGRD durante los últimos días de la administración Petro.
