El caso se encuentra en fase de indagación preliminar, la etapa procesal en la que el ente acusador recopila elementos materiales probatorios antes de definir si existe mérito para imputar cargos a alguna persona, conforme a la Ley 906 de 2004, que rige el proceso penal acusatorio en Colombia. En esta fase no hay todavía una persona vinculada formalmente ni una hipótesis única cerrada sobre la causa de las muertes.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practica las necropsias de ambos cuerpos. Serán esos dictámenes, junto con el contenido de la carta hallada en la habitación, los que orienten a los investigadores sobre la naturaleza del hecho: si se trató de un homicidio, un suicidio o un episodio de violencia intrafamiliar con desenlace fatal. Las autoridades no han comunicado una conclusión preliminar sobre las causas de la muerte.
La ausencia de reclamantes es, según ha trascendido, uno de los principales obstáculos para avanzar en la identificación de la mujer y el menor. En estos casos, la Fiscalía suele recurrir al cotejo de huellas dactilares con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, cuando es necesario, a pruebas de ADN cruzadas con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (SIRDEC), administrado por el propio Instituto de Medicina Legal.
Los dispositivos electrónicos recuperados en la escena —los dos celulares y el computador— se someterán a análisis forense digital. Este tipo de peritaje permite reconstruir las últimas comunicaciones, ubicaciones y consultas realizadas por las víctimas, información que puede resultar determinante para establecer la secuencia de los hechos y contrastarla con lo consignado en la carta manuscrita hallada junto a los cuerpos.
El hallazgo se produjo en El Rodadero, una de las zonas hoteleras más concurridas del Caribe colombiano y uno de los principales destinos vacacionales del país. Las autoridades de turismo han insistido en años recientes en reforzar los protocolos de registro de huéspedes en los establecimientos hoteleros, un factor que en episodios anteriores ha retrasado las labores de reconocimiento cuando el registro no permite verificar con certeza la identidad de quienes se alojan.
La progresión de la indagación preliminar a una etapa de investigación formal depende de que los elementos recabados —las necropsias, el peritaje digital y el análisis de la carta— apunten a la comisión de un delito y permitan identificar a un eventual responsable. De consolidarse la hipótesis de una muerte violenta con intervención de terceros, el proceso podría derivar en una audiencia de imputación de cargos ante un juez de control de garantías, dentro del esquema del sistema penal acusatorio vigente desde 2005.
Mientras continúan las diligencias, la Fiscalía mantiene abierta la convocatoria para que cualquier persona con información sobre la identidad de la mujer y el menor, o sobre sus movimientos previos al hallazgo, se acerque a la seccional de Santa Marta. El curso de la investigación quedará marcado, según las autoridades, por dos hitos inmediatos: los resultados de Medicina Legal y la lectura pericial de la carta. Hasta que avance la identificación plena de las víctimas, los aspectos más sensibles del expediente permanecerán bajo reserva.
