El dirigente del PP plantea como alternativa construir un millón de viviendas en los próximos cuatro años para normalizar el mercado, junto a un paquete fiscal dirigido a los jóvenes: una rebaja del 60% en los impuestos que pagan al comprar su primera vivienda, instrumentos que faciliten el ahorro y avales públicos que permitan financiar hasta el 100% del precio de compra.
Sobre el arrendamiento, Nadal defiende un reparto de obligaciones entre propietario e inquilino: el primero debe entregar y mantener la vivienda en condiciones adecuadas, y el segundo tiene derecho a un periodo razonable de ocupación, pero también la obligación de pagar la renta y conservar el inmueble. A su juicio, fijar por ley el precio del alquiler y su subida anual al margen de la inflación desincentiva a los propietarios y reduce la oferta.
En materia de desahucios, admite la necesidad de mecanismos que eviten que el desalojo sea la única salida ante una situación económica compleja, aunque insiste en que la solución debe pasar por el acuerdo entre las partes, sin que el propietario pierda derechos mientras el inquilino incumple sus obligaciones sin consecuencias.
Nadal vincula la pérdida de poder adquisitivo de las familias a la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez y cifra en más de un 40% el encarecimiento de los alimentos frescos y en más de un 27% el de los precios generales durante este periodo. El PP propone duplicar las deducciones por hijos en el IRPF y reducir al 0% el IVA de una cesta amplia de alimentos básicos que incluiría carne, pescado, aceite de oliva, frutas frescas y conservas.
Preguntado por la viabilidad de una rebaja fiscal en un contexto de déficit elevado, diferencia entre el gasto corriente, que su partido pretende hacer más eficiente, y medidas que califica de urgentes en caso de gobernar, como la mejora de las deducciones familiares o la reducción del IVA y el ITP en la compra de vivienda joven. Según el vicesecretario, ningún Gobierno en la historia de España ha dispuesto de tantos ingresos fiscales como el actual, lo que obliga a preguntarse por el destino de esos recursos.
La entrevista llega después de que el Congreso tumbara los decretos del Ejecutivo, un revés parlamentario para la política de vivienda del Gobierno. El marco en disputa es la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, que habilita a las comunidades a declarar zonas de mercado tensionado y limitar las rentas, un instrumento que el PP rechaza frontalmente y que las autonomías gobernadas por el partido no han aplicado.
Nadal identifica el acceso a la red eléctrica como el principal cuello de botella del sector productivo español y plantea que el PP destinaría medios regulatorios y de planificación para resolverlo en un plazo de 12 a 18 meses si llega al Gobierno. Sus objetivos pasarían por garantizar la seguridad de suministro tras el apagón registrado, facilitar el acceso a la red a los agentes del sistema y abaratar los costes energéticos para mejorar la competitividad de las familias.
Sobre la energía nuclear, sostiene que el propio Gobierno ha tenido que rectificar su calendario de cierre por inviable y defiende mantener el parque como activo del sistema eléctrico, incluida una reducción de los impuestos que soporta, para crear condiciones que permitan su rentabilidad.
