El cierre del evento estuvo marcado por el tono directo que Gómez adoptó para retratar el estado de las finanzas públicas. El funcionario recordó que, a los 40 minutos de posesionarse, se produjo un terremoto que lo obligó a diseñar de urgencia una emergencia económica. "Aprendí rápido que si cae un meteorito en Marte es culpa del ministro de Hacienda", dijo, antes de pasar al diagnóstico central de su intervención.
Según el ministro, la inversión no baja a los niveles actuales desde 1975, un dato que utilizó para ilustrar el deterioro de la capacidad del Estado para ejecutar obras y programas. No ofreció una cifra puntual de esa caída, pero la situó como uno de los síntomas más delicados del panorama fiscal que recibió su cartera.
Gómez también se refirió a la inflación, a la que comparó con "la fiebre de la economía". "Cuando uno tiene un dolor de estómago se preocupa, pero cuando hay fiebre es porque es grave", señaló para graficar la persistencia del fenómeno. El funcionario recordó que el país lleva siete años sin cumplir la meta de inflación fijada por el Banco de la República, entidad cuya independencia técnica está consagrada en la Constitución de 1991 y cuya junta directiva define ese objetivo.
En ese contexto, el ministro respaldó explícitamente la política monetaria restrictiva del emisor. "Llevamos 7 años sin cumplir la meta de inflación, por eso respaldo la decisión del Banco de la República, de aplicar una política monetaria restrictiva", afirmó, en un momento en que sectores productivos han pedido flexibilizar las tasas de interés para reactivar el crédito.
Un presupuesto que crece $60 billones frente al devuelto por el Congreso
El Presupuesto General de la Nación para 2027 ocupó buena parte de la intervención. El proyecto, radicado en el Congreso por $635 billones, representa $60 billones más que la cifra que el Legislativo había devuelto al Ejecutivo para ajustes. El trámite corresponde a las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara y a las plenarias; si el Congreso no lo aprueba dentro de los plazos constitucionales, el Gobierno puede expedirlo por decreto.
Gómez defendió la transparencia del ejercicio pese al costo político que reconoció. "No cayó bien la cifra del presupuesto, la gente no le gusta que le digan la verdad, pero ese es el principio para ordenar las finanzas", afirmó. El ministro situó esa sinceridad fiscal como el primer pilar de su gestión, seguido por la austeridad en el gasto durante 2026. El proyecto ya es objeto de críticas de la oposición, según reconoció el propio funcionario, quien sostuvo que aun así debía "sincerar" la cifra porque es lo que genera confianza.
Ese segundo pilar choca con la magnitud de la reconstrucción tras el terremoto que golpeó al país poco después de la posesión del ministro. Gómez explicó que la infraestructura pública más afectada fueron escuelas y hospitales, y llamó al sector privado a asumir un papel protagónico en las obras. "Llamamos al sector privado a que sea el que haga esa tarea, que lo hará más rápido, más barato y con más eficiencia", sostuvo.
La propuesta de vincular al sector privado en la reconstrucción no es inédita en el país. Esquemas similares de participación privada se utilizaron tras el terremoto de Armenia en 1999, cuando el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec) delegó buena parte de la ejecución en organizaciones no gubernamentales y contratistas bajo supervisión estatal, un modelo que en su momento generó elogios por su rapidez y cuestionamientos por el control de los recursos.
La rebancarización y el "gota a gota", en la agenda del gremio
Durante la Convención, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, pidió al Gobierno avanzar en una política de rebancarización que enfrente problemas como el crédito informal conocido como "gota a gota" y las restricciones que impone la tasa de usura para el acceso al crédito formal. Esa tasa es calculada y certificada periódicamente por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en el interés bancario corriente.
El ministro no detalló una respuesta a esa solicitud específica durante el cierre del evento. La discusión sobre la tasa de usura y la inclusión financiera se mantiene abierta como parte de la agenda que acompaña el ajuste fiscal, en la medida en que el gremio bancario la vincula directamente con la profundización del crédito a los hogares de menores ingresos.
El trámite del presupuesto de 2027 en el Congreso, la evolución de la meta de inflación del Banco de la República y el ritmo de ejecución de las obras de reconstrucción serán los principales indicadores para medir en los próximos meses si el diagnóstico que planteó Gómez en Cartagena se traduce en resultados. El proyecto de presupuesto debe surtir su discusión en las comisiones económicas antes de pasar a plenarias, dentro del calendario legislativo que corre en el segundo semestre.
