El mensaje coincide con el momento del empalme institucional, el mecanismo mediante el cual cada cartera del gabinete entrega a su sucesor un informe del estado de los proyectos, contratos y compromisos presupuestales vigentes. En el caso de Transporte ese ejercicio adquiere particular relevancia porque el sector concentra buena parte de la inversión pública en infraestructura, uno de los renglones más escrutados por la Contraloría General de la República y por el Departamento Nacional de Planeación.
En materia ferroviaria, Rojas señaló que la próxima ministra tendrá la posibilidad de entregar a operación, durante el próximo año, el primer tramo del Regiotram de Occidente, entre Facatativá y Fontibón. El proyecto hace parte de la apuesta por descongestionar la movilidad en la región metropolitana de Bogotá y ha atravesado distintas etapas de estructuración como alternativa complementaria a TransMilenio y al metro de la capital.
La ministra saliente indicó además que, de cumplirse los cronogramas, la nueva administración podría adjudicar el Regiotram del Norte durante el próximo año y registrar avances en el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, considerado una de las apuestas de reactivación del transporte de carga por vía férrea entre el interior del país y la Costa Caribe.
Un balance de cierre por vía férrea, vial y portuaria
En el frente vial, la mención al corredor Estanquillo-Popayán, en el departamento del Cauca, se produce en un contexto de particular sensibilidad para la infraestructura del suroccidente colombiano, una región marcada por afectaciones de orden público que en años anteriores generaron cierres prolongados de la vía Panamericana, principal eje de conexión entre el centro del país y la frontera con Ecuador.
En el componente portuario, Rojas manifestó que la administración deja aprobadas concesiones para Puerto Antioquia, Puerto Río Córdoba y Puerto Bahía, además de obras de construcción o mejoramiento en más de 70 muelles, de los cuales 24 ya se encontrarían en ejecución. La modernización portuaria ha sido una prioridad transversal a distintos gobiernos, en la medida en que el comercio exterior colombiano depende en gran parte de la capacidad de sus terminales marítimas, tanto en el Caribe como en el Pacífico.
El relevo se produce en el marco del cambio de Gobierno derivado de la posesión de Abelardo de la Espriella, un proceso que, como establece la Constitución Política, implica la conformación de un nuevo gabinete ministerial sujeto a la facultad nominadora del jefe de Estado. Noguera, quien asume la cartera de Transporte, deberá presentar ante el Congreso de la República los informes de ley sobre la ejecución del Presupuesto General de la Nación asignado al sector.
La costumbre de que un ministro saliente deje constancia pública de su gestión no es nueva en la política colombiana. Distintos titulares de carteras con alta exposición presupuestal, como Hacienda o Minas y Energía, han recurrido a balances similares al momento del relevo, en parte como mecanismo de rendición de cuentas y en parte como forma de fijar un punto de comparación frente a la gestión de quien los sucede.
Ese tipo de mensajes, sin embargo, no sustituye los mecanismos formales de control previstos en el ordenamiento colombiano. El Congreso de la República mantiene la potestad de citar a la nueva ministra a debates de control político sobre el estado real de los proyectos mencionados, mientras que la Contraloría General de la República conserva la facultad de auditar la ejecución de los recursos comprometidos en cada uno de los contratos referidos por Rojas.
Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento público de Noguera ni del Ministerio de Transporte sobre el contenido específico del balance divulgado por su antecesora, más allá de la recepción formal del empalme, algo habitual en la fase inicial de una gestión, cuando el nuevo equipo suele reservar sus pronunciamientos hasta completar la revisión técnica de los expedientes recibidos.
Los proyectos enumerados deberán ahora sortear las etapas propias de cualquier obra de infraestructura pública en Colombia: disponibilidad presupuestal, licencias ambientales cuando corresponda, procesos de adquisición de predios y, en varios casos, la gestión de las relaciones con las comunidades en cuyos territorios se ejecutan las obras. La experiencia de proyectos viales previos, como la Ruta del Sol o algunas de las Autopistas de la Prosperidad, muestra que ese tipo de obstáculos pueden alterar sensiblemente los cronogramas anunciados por el Gobierno de turno.
El desempeño del sector transporte durante el próximo año será uno de los indicadores que analistas y gremios de la infraestructura seguirán de cerca para evaluar la continuidad de la política pública entre el gobierno saliente y el entrante, en momentos en que el país enfrenta el reto de sostener el ritmo de inversión en obras públicas en medio de restricciones fiscales. Los hitos anunciados por Rojas —la operación del primer tramo del Regiotram de Occidente y la adjudicación del Regiotram del Norte— servirán como primera vara de medida de la gestión de Noguera.
