Durante la reunión, la ministra planteó la necesidad de fortalecer las medidas existentes y avanzar en acciones puntuales que permitan prevenir, identificar y eliminar con mayor rapidez los contenidos utilizados para captar menores. El nuevo equipo, de acuerdo con el comunicado de la cartera, se reunirá semanalmente para revisar avances y verificar el cumplimiento de los compromisos que se establezcan con las plataformas.
El reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales y estructuras de crimen organizado es un fenómeno con hondas raíces en el conflicto colombiano, documentado durante décadas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en zonas de presencia de disidencias de las Farc, el ELN y bandas criminales urbanas. Lo que motivó la reunión es el desplazamiento de una parte de esa captación hacia entornos digitales, donde las estructuras delictivas emplean redes sociales para identificar, contactar e inducir a jóvenes.
Uno de los puntos centrales del encuentro fue el papel de la inteligencia artificial en la detección de contenidos. Raúl Echeberría, director ejecutivo de Alai, señaló que las plataformas logran actualmente retirar más del 90 % de los contenidos identificados como relacionados con esta problemática, cifra que el gremio presentó como indicador del funcionamiento de los sistemas automatizados de moderación ya implementados por las compañías.
Falla Zerrate, sin embargo, planteó que ese porcentaje no basta. La ministra sostuvo que el reto para el Gobierno y las plataformas es reducir aún más el margen de contenidos que logran evadir los filtros automáticos, con el objetivo declarado de avanzar hacia lo que la cartera llamó una neutralización total del fenómeno en el entorno digital.
En el encuentro se coincidió en que los sistemas de inteligencia artificial deben complementarse con revisión humana, dado que ciertos contenidos diseñados específicamente para evadir la detección automatizada solo pueden identificarse mediante análisis manual por parte de equipos especializados. La ministra planteó además la necesidad de desarrollar y perfeccionar herramientas tecnológicas y algoritmos de detección que permitan bloquear de manera oportuna las publicaciones usadas para inducir el reclutamiento, un frente que quedará bajo supervisión del nuevo grupo de trabajo.
Un marco legal que ya obliga a proteger a la niñez
El marco normativo que respalda estas acciones se apoya en la Ley 1098 de 2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia, que establece la protección integral de los menores frente a cualquier forma de explotación o vinculación a actividades ilícitas, así como en compromisos internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos de la niñez. El MinTIC ha articulado en los últimos años distintas estrategias de navegación segura en internet, aunque este anuncio representa un paso hacia un mecanismo de seguimiento más estructurado y con reuniones periódicas.
Alai, que representa a algunas de las principales plataformas digitales que operan en la región, ha mantenido en el pasado una posición favorable a la autorregulación combinada con cooperación estatal, en contraste con posturas de organizaciones de la sociedad civil que han pedido marcos regulatorios más estrictos y con mayor capacidad sancionatoria para el Estado colombiano frente a las empresas tecnológicas.
El comunicado de la cartera no precisó qué plataformas digitales estarán representadas de manera permanente en el grupo de trabajo, ni estableció plazos concretos para la entrega de los primeros resultados de seguimiento. Tampoco se detalló si el mecanismo contempla algún tipo de reporte público periódico sobre el volumen de contenidos identificados y retirados.
El Ministerio TIC y los representantes del ecosistema digital coincidieron en que la protección de los menores en internet exige un trabajo articulado entre el Estado, las plataformas tecnológicas, las organizaciones del sector y las familias, un diagnóstico que coincide con el que han planteado en el pasado organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) frente a otras formas de riesgo digital para la niñez.
La cartera calificó la prevención del reclutamiento de menores como una prioridad de su agenda, aunque el anuncio no vino acompañado de una asignación específica de recursos del Presupuesto General de la Nación para financiar las labores del nuevo grupo de trabajo ni para el desarrollo de las herramientas tecnológicas mencionadas.
El seguimiento semanal anunciado por la ministra será el primer indicador tangible de si la iniciativa se traduce en resultados medibles frente al fenómeno. Las primeras sesiones del grupo de trabajo definirán, según la cartera, los compromisos concretos con las plataformas y el cronograma de verificación de su cumplimiento.
