Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, aseguró en la entrevista que su grupo nunca se ha "burlado de la Constitución de Colombia ni tampoco del gobierno americano" y que estaría "dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías". El cabecilla dijo además estar listo para colaborar en que toda la estructura armada se acoja a la justicia de forma colectiva, un ofrecimiento que el jefe de Estado no recogió en su respuesta.
De la Espriella, que lleva poco más de un mes en el cargo, contestó sin margen para la negociación. "Señores ministros de Defensa y de Justicia, por favor, coordinen, en un plazo perentorio de una semana, el sometimiento a la justicia de este sujeto", escribió en sus redes sociales. El mandatario fue explícito sobre las consecuencias de un eventual rechazo: "aquí no hay negociaciones, dilaciones ni exigencias. Si no se entrega y continúa enfrentando al Estado, delinquiendo y haciendo daño, la orden es darle de baja, como en derecho corresponde".
La respuesta se enmarca en la ruptura de las negociaciones de paz que el gobierno anterior adelantaba con estructuras armadas, una vía que De la Espriella cerró desde su llegada a la Casa de Nariño. El nuevo mandatario ha planteado en cambio una lógica de sometimiento individual a la justicia, sin mesas de negociación política, para los grupos que operan al margen del Acuerdo de Paz de 2016.
El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, se pronunció después en la misma red social y respaldó la instrucción. "Señor presidente, acatamos sus instrucciones y actuaremos con firmeza frente a quienes continúan atentando contra la seguridad de los colombianos", indicó, y añadió que "el sometimiento a la justicia debe ser una prioridad, y trabajaremos de manera coordinada para propiciarlo dentro del marco de la ley".
"Si este sujeto persiste en sus acciones criminales y se presentan las condiciones previstas por la ley para el uso legítimo de la fuerza, la Fuerza Pública actuará con decisión, respetando el derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento. No habrá impunidad ni permisividad. Habrá firmeza, coordinación y Estado de derecho", declaró el general (r) Jorge Mora, ministro de Defensa.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada operan en el norte del país, en zonas de influencia del narcotráfico y de control territorial en la Sierra Nevada de Santa Marta. El sometimiento a la justicia, a diferencia de un proceso de paz negociado, implica que los integrantes de la estructura se entreguen individualmente ante la Fiscalía General de la Nación con beneficios jurídicos limitados y sin reconocimiento político del grupo. La política antecede a este gobierno: la Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz, articuló la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia con penas alternativas condicionadas a la verdad y la reparación.
El episodio se produce en paralelo a operaciones recientes de la Fuerza Pública contra estructuras armadas ilegales, como el golpe a las disidencias de las FARC que dejó un guerrillero muerto y otro capturado en Antioquia, dentro de la política de seguridad que el gobierno ha priorizado frente a los grupos armados organizados.
Presidencia y el Ministerio de Justicia no han precisado los términos jurídicos que regirían el eventual sometimiento ni el mecanismo con el que Defensa y Justicia coordinarán las gestiones dentro del plazo de una semana fijado por el presidente.