En su comunicado, la cartera de Defensa condenó el hecho y pidió a la ciudadanía aportar datos que permitan judicializar a los autores materiales e intelectuales. El monto de la recompensa no figura en el pronunciamiento conocido hasta ahora.
Castellanos se desempeñó como secretario de Gobierno en la administración municipal de Cúcuta, cargo desde el cual manejó asuntos de seguridad ciudadana y orden público en una ciudad fronteriza marcada por la presencia de estructuras criminales ligadas al contrabando, el narcotráfico y la extorsión, producto de su cercanía con el paso hacia Venezuela por el puente internacional Simón Bolívar.
La región limítrofe con el estado venezolano de Táchira concentra corredores de movilidad ilegal que han sido blanco de operativos conjuntos entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación. La disputa territorial entre estructuras armadas organizadas y disidencias de las antiguas FARC ha mantenido en alerta a los organismos de seguridad del Estado en Norte de Santander.
Los homicidios contra funcionarios y exfuncionarios en zonas de frontera no son nuevos en el país. En junio de 2022, el fiscal especializado Marcelo Pecci fue asesinado en una playa de Cartagena en un hecho que puso en el centro del debate la seguridad de servidores públicos vinculados a investigaciones sobre crimen organizado, un caso que la Fiscalía judicializó por sicariato transnacional.
El caso de Castellanos quedará en manos de la Fiscalía General de la Nación, que deberá determinar la autoría del hecho y las circunstancias en que se produjo. Por tratarse de un servidor público, la Procuraduría puede hacer seguimiento al proceso en ejercicio de su función disciplinaria y de vigilancia.
El patrón de violencia contra líderes y funcionarios en zonas de frontera coincide con un momento de tensión regional que domina la agenda, como ilustran los comicios en Brasil, donde Lula aventaja a Bolsonaro y la crisis en torno a Venezuela, en la que Rubio atribuye el regreso de Machado al diálogo que respalda Washington.
El Ministerio de Defensa reiteró su llamado a la ciudadanía para que aporte información a través de las líneas oficiales de denuncia, con garantías de reserva de identidad, en una región donde la cooperación con las autoridades ha estado históricamente asociada a riesgos de seguridad para quienes denuncian.
