El anuncio llegó a través de la cuenta de X del propio mandatario, donde expuso dos casos puntuales que, dijo, forman parte de un informe inicial. El primero corresponde a un contrato de bienestar por $933 millones, en el que —según su relato— se habrían entregado refrigerios en mal estado, incluso a menores de edad, y se habría pagado por eventos completos pese a la inasistencia de decenas de personas convocadas.
El segundo caso señalado es un contrato de $765 millones relacionado con el suministro de medicamentos. "En otro contrato por $765 millones se documentaron entregas tardías, parciales y medicamentos próximos a vencer, mientras se pagaban facturas completas", afirmó el presidente en su publicación.
"¡En el Sena de Córdoba destapamos una vergonzosa trama de corrupción, desgreño administrativo y despilfarro de los recursos públicos! Una visita de verificación dejó al descubierto graves irregularidades en contratos por miles de millones de pesos: pliegos direccionados", escribió el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.
De la Espriella amplió el cuadro de irregularidades con presuntas anomalías en contratos de tiquetes aéreos, alimentación, servicios médicos y actividades formativas para los aprendices, además de retrasos en la compra de computadores y equipos requeridos para la formación. Entre los señalamientos mencionó pliegos de condiciones que presuntamente favorecían a contratistas determinados, ausencia de estudios de mercado, pagos por servicios no prestados, fraccionamiento de contratos y desembolsos autorizados sin verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas.
El presidente precisó que lo divulgado corresponde a hallazgos de una revisión inicial, y que el documento consolidado —que incluirá infraestructura, contratación de instructores, programas de formación y un análisis financiero de la regional— se conocerá durante la semana. "Una vez consolidado, daremos traslado inmediato a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control", manifestó, al señalar que corresponderá a esas autoridades establecer si existen responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.
El mandatario también anunció que buscará esclarecer posibles vínculos entre políticos de Córdoba, funcionarios públicos y las irregularidades contractuales, aunque no identificó a personas concretas ni aportó nombres. La determinación de eventuales responsabilidades individuales quedaría sujeta al trámite que adelanten la Fiscalía y los organismos de control.
El traslado de un informe de la Presidencia a la Fiscalía y a los órganos de control activa un reparto de competencias definido en la Constitución de 1991: la Fiscalía indaga la eventual responsabilidad penal, la Contraloría examina el detrimento patrimonial sobre recursos públicos y la Procuraduría evalúa las faltas disciplinarias de los funcionarios. El Sena, entidad adscrita al Ministerio del Trabajo que financia la formación técnica con el aporte de nóminas de empleadores, ha sido escenario recurrente de denuncias por contratación en administraciones anteriores.
De la Espriella adelantó que la verificación no se limitará a Córdoba, sino que cubrirá la totalidad de las regionales y centros de formación del Sena, con revisión de contratos, pagos, infraestructura, programas educativos y destinación de los recursos. "El Sena no es el botín de los políticos, ni de los contratistas, ni de los funcionarios corruptos", escribió, al anticipar que el informe ampliado será remitido a las autoridades durante la semana.
La denuncia se suma a otros episodios que rodean a la actual administración en el terreno judicial, entre ellos el caso de una funcionaria que denunció a Petro por presuntos contratos a cambio de favores sexuales. Los señalamientos sobre el Sena corresponden, por ahora, a hallazgos preliminares divulgados por el presidente, y la verificación de los hechos queda en manos de las autoridades competentes.
