Menos nacimientos hoy significan, dentro de dos o tres décadas, menos trabajadores cotizantes y, al mismo tiempo, más personas en edad de recibir pensión. Garzón Lozano, abogada en Scola Abogados, explicó que esa transformación golpea los componentes del sistema que operan bajo esquemas de solidaridad intergeneracional, en los que los aportes de quienes trabajan hoy financian las mesadas de quienes ya se pensionaron.
Según la abogada, el sistema quedará sometido a una doble presión: por un lado, menores ingresos por cotizaciones a medida que se reduce la base de trabajadores jóvenes; por otro, mayores obligaciones de pago conforme más personas alcanzan la edad de jubilación. Por esa razón, sostuvo, el cambio demográfico debe entenderse como una variable estructural de la política pensional, y no como un fenómeno poblacional aislado que se resuelve con ajustes puntuales.
Sin cifra fiscal definida aún
Cuánto más tendrá que aportar el Presupuesto General de la Nación para sostener las pensiones a medida que la población envejece no tiene, por ahora, una respuesta numérica. Garzón Lozano señaló que no existe certeza sobre una cifra determinada, porque el esfuerzo fiscal dependerá de variables simultáneas: el crecimiento económico, el comportamiento del empleo formal, los niveles salariales, el número de cotizantes y las condiciones bajo las cuales se reconozcan las prestaciones.
El Pilar Solidario, uno de los componentes del nuevo sistema, requiere recursos públicos cuya asignación deberá definirse en cada vigencia presupuestal, según las condiciones fiscales del momento. La conclusión de la abogada es que el envejecimiento poblacional no se traduce automáticamente en un porcentaje fijo adicional del presupuesto, aunque advirtió que la presión sobre las finanzas públicas aumentará si no se amplía la base de trabajadores que cotizan ni mejora la capacidad económica del sistema.
La reforma no detiene la demografía
La Corte Constitucional determinó en agosto de 2026 que las normas que conforman el nuevo sistema pensional, declaradas exequibles, entrarán en vigencia el primero de abril de 2027. Esa fecha otorga un periodo de preparación a Colpensiones, al Banco de la República y a las administradoras de fondos de pensiones, que deberán ajustar sus procesos antes de la puesta en marcha.
Garzón Lozano fue enfática en que la reforma reconoce solo parcialmente el desafío demográfico. La estructura de pilares y el fortalecimiento de mecanismos de solidaridad financiados con recursos públicos atienden parte del problema, pero no eliminan los efectos que el envejecimiento tendrá sobre la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. El proceso demográfico, señaló, continuará desarrollándose durante las próximas décadas, de forma independiente a la norma que entre en vigencia.
Esto implica que Colombia deberá implementar la reforma al mismo tiempo que enfrenta una transformación poblacional que no se detiene con un cambio normativo. La abogada planteó que el nuevo sistema tendrá que evaluarse de manera permanente frente a variables como la natalidad, la longevidad, el empleo y la formalidad laboral, factores que seguirán moviéndose después de que la reforma entre en operación.
Variables sobre la mesa, según la abogada
Frente a qué palancas tendría que accionar el país, Garzón Lozano enumeró alternativas no excluyentes entre sí. La primera es un eventual incremento de la edad de jubilación y de las semanas mínimas de cotización, medida paramétrica clásica que ampliaría el tiempo de aportes antes de que una persona acceda a su pensión. La sostenibilidad, subrayó, no depende de una sola variable, sino de un conjunto que incluye también el nivel de los aportes, la formalización laboral y la productividad de la economía.
Ampliar la base de cotizantes formales aparece como una de las vías con mayor potencial para aliviar la presión sobre el sistema sin recurrir exclusivamente a ajustes paramétricos. En Colombia, esa base está limitada por la informalidad laboral persistente, que históricamente ha reducido la proporción de trabajadores que cotizan de manera continua al sistema pensional.
El envejecimiento poblacional no es exclusivo de Colombia: otras economías de América Latina enfrentan transiciones demográficas similares, con tasas de natalidad en descenso y una esperanza de vida en aumento, lo que ha llevado a varios países de la región a revisar sus sistemas de pensiones en las últimas dos décadas. Chile, pionero regional con la capitalización individual desde 1981, abrió en años recientes un debate sobre su sostenibilidad que ilustra el alcance del problema.
La base de cotizantes formales depende directamente de la capacidad del mercado laboral para generar empleo estable. El desafío llega en un momento en que el país redefine su estructura económica regional: mientras ciudades como Cali buscan duplicar el PIB por habitante del Valle, sectores como el calzado reportan pérdidas de empleo formal por la competencia de importaciones, según denunció Confecaucho al señalar que el calzado perdió 300.000 empleos por importación china.
Garzón Lozano insistió en que ninguna de estas medidas opera de forma aislada: el Estado tendrá que evaluar de manera permanente los recursos que destina al sistema pensional y, eventualmente, adoptar ajustes tanto paramétricos como laborales que permitan preservar su sostenibilidad financiera. La entrada en vigencia del nuevo sistema, fijada para el primero de abril de 2027, marcará el primer punto de verificación frente a una transformación demográfica que, según las cifras del DANE, ya está en marcha.