La alcaldía de Suárez exigió respeto por el personal de salud y por los pacientes tras el episodio. El ataque ocurrió en el interior de las instalaciones hospitalarias, un hecho que compromete la misión médica, amparada por el derecho internacional humanitario y por la normativa interna que protege la atención en salud en zonas de conflicto. La entrada de actores armados a un hospital y la agresión contra un paciente constituyen infracciones a esas garantías.
La Secretaría de Salud del Cauca no ha precisado cuándo se reanudará la atención plena en el centro, que presta servicios de primer nivel a la cabecera municipal y a las veredas circundantes, muchas de difícil acceso. Su cierre deja sin atención inmediata a una población que suele remitir los casos de mayor complejidad a Santander de Quilichao o Popayán. La entidad tampoco ha informado la identidad de la víctima ni de los responsables, cuyo esclarecimiento queda en manos de las autoridades competentes.
Norte del Cauca, corredor en disputa
Suárez integra el norte del Cauca junto con municipios como Buenos Aires, Corinto y Caloto, una subregión que desde hace más de una década es territorio de disputa entre disidencias de las antiguas FARC, el ELN y otras estructuras armadas por el control de corredores hacia el Pacífico, en medio de economías ilegales asociadas a la minería y al narcotráfico. La zona ha registrado ataques contra infraestructura civil, incluidos centros de salud y puestos viales.
El antecedente más grave para la misión médica en Colombia es el atentado del 16 de mayo de 2002 en Bojayá, Chocó, cuando una pipeta de las FARC impactó una iglesia donde se refugiaba la población civil y dejó cerca de 80 muertos, episodio que marcó la jurisprudencia sobre la protección de bienes civiles en el conflicto. En el propio Cauca, las agresiones contra ambulancias y hospitales han sido denunciadas de forma reiterada por organismos humanitarios que reclaman garantías para la atención médica rural.
El hecho se inscribe en una escalada de violencia en el departamento, donde la presión de los grupos armados sobre bienes y servicios esenciales ha sido advertida en distintos pronunciamientos de autoridades locales. La caída de nacimientos y el despoblamiento rural agravan, en el largo plazo, la fragilidad de los sistemas de salud en zonas apartadas como esta.
La alcaldía de Suárez insistió en la protección del personal médico como condición mínima para garantizar la continuidad de los servicios en el municipio, mientras la mesa extraordinaria convocada por la Secretaría de Salud departamental con la misión médica definirá las medidas de seguridad que permitan reabrir el hospital.
