Jiménez, de unos 26 años, situó el origen de la relación en el momento en que conoció a Petro —entonces senador de la República— a través de una página de contactos para adultos, donde él se registró con otro nombre. Según su relato, se vieron por primera vez en un hotel de Cali y, al mes siguiente, ella se trasladó a Bogotá para trabajar en el Senado, lo que dio continuidad al vínculo que describe.
La denunciante afirmó que decidió hablar tras la salida de Petro del poder, por temor a represalias. En un primer mensaje, según el relato publicado, escribió que lo más prudente era esperar.
"Lo más prudente es esperar a que termine este gobierno para sentirme más segura y poder hablar. Porque Gustavo sabe quién soy y temo por mi seguridad", dijo Deicy Jiménez, según el testimonio publicado.
El señalamiento central es que la relación estuvo atravesada por contratos públicos. "Cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o en sus reuniones, y a cambio les da contratos, es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen", declaró Jiménez, quien sostuvo que "todas sabemos mucho" y que algunas mujeres de esa lista amenazaban con hablar.
Jiménez insistió en que su intención no era exponer la vida privada del exmandatario, sino señalar lo que considera un uso indebido del poder público. "Él puede hacer lo que quiera con su vida personal, lo que quiera, pero cuando se trata del país ya es algo delicado y no estoy de acuerdo con lo que hizo", afirmó.
48 mujeres, según el director del Dapre
El relato coincide con la denuncia que el director del Dapre, Carlos Ríos, formuló esta semana en el Congreso, donde describió un entramado de contratación durante el gobierno de Petro.
"De 48 mujeres que tenía el presidente Petro en presidencia que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPS… Se lo vamos a demostrar al pueblo colombiano. Cómo la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino a parrandear allá, a llevar mujeres", declaró Carlos Ríos ante el Congreso.
Ríos añadió que esas mujeres estarían colaborando con las autoridades. "48 mujeres que están hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y de una OPS, las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente", sostuvo el funcionario.
El uso de contratos de prestación de servicios (OPS) por parte de entidades del Estado para vincular personal sin concurso de méritos es una figura legal en Colombia, pero su utilización como mecanismo de favorecimiento personal —de confirmarse— correspondería investigar a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría, que tienen competencia para abrir indagaciones por presunto abuso de la función pública y peculado.
La denuncia se conoce tras la posesión del actual presidente, Abelardo De La Espriella, y se suma a otros frentes abiertos sobre la administración saliente, como la negativa del Ministerio de Justicia sobre la captura de Orfale Vásquez. Ni Petro ni su entorno figuran en el material con una respuesta a estos señalamientos.