Los efectivos militares acuartelados en Ceuta llevaban ya alrededor de diez horas en estado de disponibilidad cuando finalmente se autorizó su salida a las calles de la ciudad autónoma. La demora entre el inicio de la crisis fronteriza y la activación del dispositivo militar se ha convertido en el foco de las preguntas trasladadas al Gobierno en las semanas posteriores al 30 de julio.
Según estas informaciones, se produjeron al menos dos conversaciones entre Robles y Marlaska a lo largo de aquella jornada. En la primera, la ministra de Defensa habría planteado la activación de las Fuerzas Armadas como refuerzo ante el desbordamiento de la frontera, una propuesta que en un primer momento no habría contado con el respaldo del titular de Interior, responsable último de la gestión de fronteras a través de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La orden definitiva para desplegar a los militares no llegó a la Comandancia General de Ceuta hasta pasadas las 20:30 horas. El primer contingente en abandonar el acuartelamiento García Aldave incluyó efectivos de La Legión, unidad con presencia histórica en Ceuta desde su fundación en 1920. En total se movilizó un grupo táctico de unos 250 militares, una fracción reducida frente a los aproximadamente 3.000 efectivos que de forma habitual están destinados en la ciudad, según las mismas fuentes.
La misión asignada a los militares desplegados no incluyó, de acuerdo con estas fuentes, la contención directa de las entradas por la frontera. Su cometido se limitó a patrullar las calles y ofrecer apoyo de vigilancia, sin instrucciones para detener o expulsar a quienes ya habían accedido al territorio español. Esa limitación de funciones diferencia sustancialmente la respuesta de julio de la desplegada en episodios anteriores.
La coordinación entre ambos ministerios en episodios de crisis fronteriza atribuye a Interior la competencia primaria sobre el control de fronteras, salvo activación expresa de apoyo militar por los cauces previstos en la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. El empleo de las Fuerzas Armadas en misiones de seguridad interior es excepcional y requiere una petición formal, lo que sitúa la secuencia de decisiones del 30 de julio en el centro del escrutinio parlamentario.
El contraste con la avalancha de 2021
La comparación más inmediata es la crisis migratoria de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera de Ceuta en un breve periodo tras la relajación de los controles marroquíes. En aquella ocasión, el Ejército fue movilizado con rapidez para reforzar el perímetro fronterizo y apoyar las labores de contención en las inmediaciones de la playa del Tarajal, con un mandato orientado a impedir nuevas entradas. Aquella crisis se enmarcó en la tensión diplomática con Rabat abierta ese año tras la hospitalización en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Las circunstancias de ambos episodios, no obstante, no son directamente equiparables. En 2021 no constaban los avisos previos que sí han trascendido en relación con los acontecimientos de este año. Robles ha defendido que los servicios de inteligencia realizaron su trabajo y que existieron advertencias sobre la situación en la ciudad autónoma antes del 30 de julio.
Esa versión ha entrado en contradicción con la sostenida por el ministro del Interior. Grande-Marlaska ha sostenido que no existía ningún informe que permitiera anticipar una entrada de la magnitud finalmente registrada, una discrepancia entre ambos departamentos que ha trascendido a la opinión pública.
El reconocimiento de Sánchez sobre Marruecos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció posteriormente que la Gendarmería marroquí permitió durante un periodo aproximado de diez horas el cruce de personas hacia Ceuta. Sánchez rechazó, sin embargo, que existieran pruebas de que las autoridades marroquíes hubieran planificado o ejecutado deliberadamente el asalto a la frontera.
La relación migratoria entre España y Marruecos se apoya, en el plano de los retornos, en el acuerdo bilateral de readmisión vigente desde 1992, además del marco europeo. El Ministerio del Interior no ha detallado hasta la fecha un balance oficial completo del número de personas que lograron acceder a territorio español durante aquella jornada, ni el alcance de los procedimientos de retorno posteriores.
En paralelo, los profesores de los centros educativos de Ceuta han reclamado ante el inicio del curso escolar medidas de refuerzo como vallados de emergencia, control específico de las rutas escolares y una mayor presencia policial. Los representantes del sector docente han descrito un ambiente de temor entre las familias tras los sucesos de julio, resumido en la advertencia de que «hay mucho miedo».
El episodio se suma a una serie de crisis en la frontera sur que se remontan a los sucesos del Tarajal de 2014 y a la avalancha de mayo de 2021, y que periódicamente reabren el debate sobre la dotación de medios en Ceuta y Melilla, la coordinación entre Defensa e Interior y el papel de Marruecos como socio y a la vez actor con capacidad de presión sobre la gestión fronteriza española.
De cara a las próximas semanas, las comisiones de Defensa e Interior del Congreso podrían citar a los responsables de ambos ministerios para aclarar la secuencia exacta de decisiones adoptadas aquella jornada. Distintos grupos parlamentarios han reclamado mayor transparencia sobre los informes de inteligencia previos y sobre por qué la orden de despliegue tardó más de doce horas en dictarse.
