El desglose que manejan los talleres identifica dónde se concentra el gasto de un vehículo. El combustible sigue siendo la partida más pesada: el precio medio de la gasolina se ha movido en los últimos meses en una horquilla de entre 1,20 y 1,70 euros por litro según la provincia, con una referencia media reciente en torno a 1,40 euros. Para un conductor que recorra entre 10.000 y 15.000 kilómetros anuales, esa sola partida puede suponer entre 600 y 1.500 euros al año.
A esa cifra hay que sumar el seguro, obligatorio en su cobertura de responsabilidad civil, que oscila entre 300 y 1.200 euros anuales dependiendo del perfil del conductor, la antigüedad del vehículo y el tipo de póliza contratada. El seguro a terceros es exigible por la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, de modo que ningún coche que circule por vías públicas puede prescindir de esta partida.
Los impuestos vinculados a la circulación añaden entre 50 y 300 euros anuales más, con diferencias notables según el municipio y la potencia fiscal del coche. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo municipal que cada ayuntamiento fija dentro de los límites de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, mientras que la Inspección Técnica de Vehículos es obligatoria conforme al Reglamento General de Vehículos y su periodicidad aumenta con la edad del coche. Son cantidades menores frente al combustible o el seguro, pero integran el cómputo total que todo propietario debe prever.
El mantenimiento, la partida menos previsible
El bloque más difícil de anticipar es el del mantenimiento y las reparaciones. Las estimaciones más conservadoras lo cifran entre 700 y 1.500 euros anuales solo en concepto de revisiones, cambios de aceite, pastillas de freno o neumáticos, según los balances de coste que difunden talleres del sector. En vehículos con más años de uso, o que ya arrastran averías previas, esa cantidad puede dispararse, elevando el gasto conjunto por encima de los 3.000 euros al año.
Dentro de ese capítulo, las reparaciones mayores concentran buena parte del gasto puntual más elevado. Miguel, mecánico con experiencia en el sector, defiende un criterio extendido entre los profesionales del ramo: «Cuando tengas que cambiar la cadena de distribución, aprovecha para renovar todo lo que puedas». Su razonamiento es que, en reparaciones grandes, conviene gastar algo más de inicio para que el vehículo funcione mejor a la larga y evitar visitas repetidas al taller.
La lógica de ese consejo tiene una explicación mecánica. La cadena de distribución trabaja en una zona del motor de difícil acceso, por lo que sustituirla obliga a desmontar piezas colindantes —bomba de agua, tensores, juntas— que sufren un desgaste similar por el paso del tiempo y el kilometraje. Cambiar solo la cadena y dejar intactos esos componentes puede obligar a volver a abrir el motor meses después si alguno falla, con el consiguiente coste añadido de mano de obra que se repetiría de forma innecesaria.
Este planteamiento no es nuevo. Desde que los motores de combustión se popularizaron con sistemas de distribución por cadena o correa, los talleres han agrupado tradicionalmente estas intervenciones en los llamados kits de distribución, que reúnen varios componentes precisamente para evitar desmontajes repetidos. El encarecimiento de la mano de obra especializada y el alza de los precios de los repuestos han acentuado el ahorro relativo de acometer todas las tareas asociadas de una sola vez.
Un parque automovilístico envejecido
El contexto en el que se produce esta recomendación pesa. El parque automovilístico español es uno de los más antiguos de la Unión Europea, con una edad media que en los últimos años se ha situado en torno a la decena y media de años. Un parque más viejo implica, de forma directa, más averías de este tipo y una mayor frecuencia de reparaciones costosas como las que afectan a la distribución del motor.
Las asociaciones de talleres han señalado que la renovación del parque se ha ralentizado por el encarecimiento de los coches nuevos y por las dudas de muchos consumidores ante los cambios normativos en torno a las emisiones. Las zonas de bajas emisiones aplican ya en numerosos municipios al amparo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecerlas. Mientras esa transición avanza, millones de conductores optan por mantener vehículos de combustión con más años a cuestas, lo que multiplica la necesidad de reparaciones mayores.
Para los hogares, la recomendación de los talleres se traduce en una decisión de planificación financiera más que estrictamente mecánica. Ante una avería grande, valorar el conjunto de piezas que rodean la reparación principal puede evitar visitas repetidas y, a medio plazo, resultar más barato que ir solucionando cada fallo por separado, aunque el desembolso inicial sea superior.
No existe, por ahora, ninguna medida pública que regule o subvencione directamente este tipo de reparaciones, a diferencia de los planes de ayuda a la compra de vehículos nuevos o eléctricos que ha impulsado el Gobierno en los últimos años, como el Plan MOVES. Las organizaciones de consumidores insisten en que la vía de ahorro efectiva pasa por comparar presupuestos entre talleres y seguir las recomendaciones de mantenimiento preventivo que marca el fabricante en el manual de cada vehículo, de consulta obligada antes de acometer cualquier reparación de envergadura.
