"En pocas palabras, metimos la pata. Nuestros fallos significaron que algunos repartidores de DoorDash recibieron pagos inferiores a los que les correspondían o los recibieron con retraso", admitió la empresa en un comunicado difundido tras conocerse el acuerdo.
La compañía, con sede en San Francisco, destinará la mayor parte del monto —unos $83 millones— a resolver un desacuerdo sobre cómo calcular el pago por el tiempo que los repartidores permanecen conectados a la aplicación entre una entrega y otra. Esa remuneración del tiempo de inactividad es uno de los focos de conflicto más recurrentes en el sector del reparto a domicilio, incluidas las plataformas que operan por aplicación en mercados como el panameño.
DoorDash atribuyó buena parte del problema a los cambios introducidos en 2023 en el salario mínimo del estado de Nueva York para trabajadores de reparto por aplicación, una normativa que calificó de "compleja" porque los sueldos varían según el condado, las propinas recibidas y el número de personas empleadas por cada compañía. Esa arquitectura obligó a las plataformas a rediseñar sus sistemas de cálculo salarial en poco tiempo.
La empresa explicó, además, que fallos técnicos y las rutas de entrega con múltiples paradas provocaron que se pagara menos de lo debido a algunos trabajadores o que los salarios llegaran con retraso.
"Aunque estos errores no fueron intencionales, eso no significa que sean aceptables", reconoció DoorDash en su comunicado.
Según la propia empresa, los trabajadores locales ganan en promedio alrededor de $30 por cada hora activa de trabajo, y los errores de software responsables de los pagos incorrectos ya fueron corregidos. DoorDash precisó que los fallos afectaron a aproximadamente 264,000 trabajadores, aunque insistió en que el problema impactó a menos del 1% de todas las transacciones realizadas localmente durante el periodo investigado.
La investigación reveló que errores sistémicos provocaron que unos $6.6 millones en salarios nunca llegaran a los repartidores afectados, mientras que otros $5.7 millones se pagaron con días o incluso semanas de retraso. Esa distinción —entre dinero no pagado y dinero pagado tarde— resultó clave para que el regulador neoyorquino calculara el monto total exigido a la empresa.
La norma neoyorquina de 2023
El acuerdo se enmarca en una normativa considerada pionera en Estados Unidos: la regla de salario mínimo para trabajadores de reparto que operan mediante aplicaciones, vigente en Nueva York desde 2023, que exige compensar todo el tiempo que un repartidor permanece conectado a la plataforma, no solo el tiempo de entrega activa. Antes de esa regla, las aplicaciones únicamente remuneraban las entregas efectivamente realizadas, dejando fuera los períodos de espera entre pedidos.
La disputa no es un caso aislado. Empresas como Uber Eats y Grubhub han chocado repetidamente con los funcionarios de la ciudad por cuestiones relacionadas con las propinas, los salarios mínimos y los requisitos de intercambio de datos con las autoridades. El patrón se repite en distintas ciudades estadounidenses a medida que los gobiernos locales intentan regular un modelo de negocio que operó durante años con escasa supervisión laboral.
El esquema de trabajo por aplicación, con repartidores clasificados como contratistas independientes y no como empleados formales, es el mismo que sostiene a las plataformas de reparto que operan en Panamá y otros países de la región. La discusión sobre cómo remunerar el tiempo de espera, cómo garantizar pisos salariales mínimos y qué datos deben compartir las plataformas atraviesa mercados laborales donde la figura del trabajador de plataforma carece todavía de un marco normativo tan detallado como el neoyorquino.
En Panamá, la fiscalización de sectores con alta rotación laboral y esquemas de pago variable no es una discusión nueva. El país ha vivido controversias recientes sobre el impacto laboral de decisiones empresariales de gran escala, como reflejó el informe del CoNEP sobre el cierre de Cobre Panamá, que documentó la pérdida de 30,277 empleos hasta 2025. Aunque se trata de sectores distintos, ambos casos ilustran la tensión entre modelos de negocio, regulación laboral y protección de los ingresos de los trabajadores.
El caso también pone sobre la mesa el papel de las agencias reguladoras municipales como instancias capaces de exigir cuentas a corporaciones multinacionales por sus prácticas salariales, un rol que en Panamá recae en instituciones como el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. El país opera, sin embargo, con un marco distinto al neoyorquino: las plataformas digitales de reparto funcionan todavía sin una ley específica que regule de manera integral la remuneración del tiempo de conexión o espera.
DoorDash afirmó que ya corrigió los errores de software responsables de los pagos incorrectos y que el acuerdo con el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York cierra la investigación abierta sobre las infracciones salariales detectadas.