El reporte, elaborado por la Unidad de Análisis Económico del CoNEP, fue entregado por el presidente del gremio empresarial, Raúl Joaquín Montenegro Vallarino, acompañado de Antonio Fletcher y Severo Sousa, ambos expresidentes de la entidad, junto con la economista Fanny Salmunido y la directora ejecutiva Analisa Montenegro. Del lado del Estado, recibieron el documento el viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino; la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, y las jefas de gabinete del MEF y del Ministerio de Comercio e Industria (Mici), María Cristina Vilá de Van Hoorde y Deidamia Batista, respectivamente.
Estas tres carteras integran la comisión interministerial encargada de recomendar al mandatario José Raúl Mulino el destino de la mina, suspendida desde diciembre de 2023. Los titulares de esas entidades —Felipe Chapman, Juan Carlos Navarro y Julio Moltó— analizarán en los próximos días los hallazgos del informe junto con representantes del CoNEP y los especialistas que participaron en su elaboración.
Según el estudio, de los 30,277 puestos afectados, 6,442 corresponden a empleos directos que desaparecieron al pasar la operación de 7,862 trabajadores en 2023 a apenas 1,420 vinculados a labores de preservación de la mina. Los 23,835 restantes son empleos indirectos e inducidos ligados a la cadena de valor minera. El CoNEP calcula que esa cifra representa el 13.3% del total de desempleados del país, aproximadamente uno de cada 7.5 desempleados.
El documento estima que, de haberse mantenido activo el clúster minero, la tasa de desempleo nacional se habría situado en 9%, frente al 10.4% registrado tras el cierre. El impacto no se concentró únicamente en las áreas cercanas al yacimiento: el 84.8% de los trabajadores directos de Cobre Panamá provenía de provincias distintas. Coclé encabezaba el aporte con 2,813 trabajadores directos en 2023, seguida de la provincia de Panamá, con 1,196; Colón, con 985, y Chiriquí, con 844.
El resumen del documento fija en $2,004.7 millones las compras locales que dejaron de realizarse por el cierre y calcula en $1,360.9 millones la pérdida en impuestos y regalías durante 2024 y 2025. El MEF comunicó que el reporte incluyó también un análisis sobre qué sectores tendrían capacidad de sustituir el aporte que representaba la actividad minera para la economía nacional.
Bajo esa metodología, el turismo necesitaría 114.8 años y la manufactura 86.4 años para alcanzar un producto equivalente al que generaba el clúster minero. Sectores con mayor capacidad de generar ese producto en un plazo menor, como comercio, construcción y transporte, mantienen una relación estrecha con la cadena de valor de Cobre Panamá, por lo que el estudio advierte que no pueden considerarse sustitutos independientes de la actividad extractiva.
El cierre de la mina se produjo en noviembre de 2023, después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la ley que sustentaba el contrato de concesión, en medio de protestas ciudadanas contra el proyecto por su impacto ambiental. El fallo puso fin al mayor debate económico y ambiental del país en años, en un contexto de creciente atención al peso de la actividad extractiva en la economía nacional, tema que atraviesa también el análisis de la socialdemocracia panameña reciente.
La comisión interministerial espera presentar su análisis y recomendación al mandatario en las próximas semanas, sin fecha exacta comunicada, aunque el plan trazado apuntaba a tener un diagnóstico antes de que finalice 2025.