El acuerdo de asociación entre Mercosur y la Unión Europea, negociado durante más de dos décadas y cerrado políticamente en diciembre de 2024, contempla la apertura progresiva de cuotas arancelarias para productos como carne bovina, etanol, azúcar y arroz, entre otros. La firma del texto, sin embargo, no resuelve automáticamente cómo se distribuirán internamente esos cupos entre los socios del bloque, una discusión que permanece abierta y sin fecha cierta de resolución.
La ausencia de una fórmula de reparto genera incertidumbre entre los exportadores de la región, que no cuentan aún con reglas claras sobre el volumen que podrán colocar en el mercado europeo una vez entre en vigor la reducción arancelaria. Para Colombia, que no integra el Mercosur pero mantiene una relación comercial estrecha con Brasil y Argentina y compite en algunos renglones agroindustriales con esos países, el desenlace de esta negociación tiene efectos sobre la competitividad de sus propias exportaciones hacia el mercado europeo.
Bogotá mantiene un acuerdo comercial vigente con la Unión Europea desde 2013, en el marco del acuerdo multipartes firmado junto con Perú y, posteriormente, Ecuador. Ese instrumento, distinto en su arquitectura al que negocia Mercosur, no contempla cuotas sujetas a un reparto interregional como el que hoy discuten Buenos Aires, Brasilia, Asunción y Montevideo, lo que ubica a los exportadores colombianos en un esquema de acceso comparativamente más estable, aunque también sujeto a revisiones periódicas.
El nudo de la metodología
La discusión de fondo gira en torno a los criterios que definirán la participación de cada país: si se prioriza la capacidad exportadora histórica de cada socio, la producción actual o una combinación de ambas variables ponderadas por sector. Brasil, como mayor productor agroindustrial del bloque, aspiraría a una fórmula que reconozca su peso relativo en rubros como la carne y el etanol, mientras que Argentina buscaría garantías para su industria cárnica y cerealera.
Paraguay y Uruguay, economías de menor tamaño dentro del bloque pero con fuerte dependencia de las exportaciones agropecuarias, habrían insistido en mecanismos que eviten que la distribución termine concentrada en los dos socios mayores. Este tipo de tensiones no es nuevo: la coordinación de posiciones comerciales conjuntas ha sido, desde la firma del Tratado de Asunción en 1991, uno de los puntos más difíciles de resolver entre economías con estructuras productivas y niveles de desarrollo distintos.
Un antecedente comparable, en otro contexto regional, es el proceso que vivió la Comunidad Andina —de la cual Colombia es miembro fundador junto con Ecuador, Perú y Bolivia— para armonizar aranceles externos comunes, un ejercicio que tomó años y que en varios episodios quedó estancado por diferencias entre los socios sobre a quién beneficiaba más cada fórmula. Venezuela abandonó ese bloque en 2006, precisamente por discrepancias sobre la política comercial común.
El gobierno colombiano no participa en las negociaciones internas del Mercosur, dado que el país nunca ha sido miembro pleno del bloque suramericano, aunque ostenta la condición de Estado asociado desde 2004. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no se ha pronunciado formalmente sobre esta discusión interna, en la medida en que se trata de un asunto que compete exclusivamente a los Estados partes del Mercosur. El sector exportador colombiano sigue de cerca el desenlace en los rubros donde compite por espacio en el mercado comunitario, como ciertas líneas de la industria azucarera y cárnica.
La Unión Europea ha sostenido que la responsabilidad de definir el reparto interno de las cuotas recae exclusivamente en los Estados de Mercosur, y que Bruselas se limita a fijar el volumen agregado del cupo negociado para el bloque en su conjunto. Esta posición ha sido reiterada por la Comisión Europea en distintos pronunciamientos desde la firma del acuerdo de asociación.
Lo que sigue en el calendario
El acuerdo Mercosur-Unión Europea aún debe superar el proceso de ratificación en los parlamentos de los países miembros de ambos bloques, un trámite que en el caso europeo involucra tanto al Parlamento Europeo como, en determinados capítulos, a los parlamentos nacionales de los veintisiete Estados miembros. Ese proceso corre en paralelo a la definición interna del reparto de cuotas dentro del Mercosur, sin que ambas discusiones estén necesariamente sincronizadas.
Los cancilleres de los países del Mercosur tienen previsto continuar las conversaciones técnicas en las próximas reuniones del bloque, aunque no se ha fijado, hasta el momento, una fecha límite formal para cerrar el acuerdo sobre la metodología de reparto. Mientras esa definición no llegue, los exportadores de la región —y de forma indirecta sus competidores colombianos en el mercado europeo— permanecerán a la espera de reglas claras sobre el acceso efectivo a los cupos pactados con Bruselas.
