La instrucción, firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, desarrollaba la Ley de Memoria Democrática y determinaba quién podía acogerse a la nacionalidad por origen. Según los mensajes atribuidos a de la Hoz, el margen de interpretación dependería de un signo de puntuación: una coma añadida a la condición de exilio que, a su juicio, permitiría incluir a los descendientes de emigrantes económicos y no solo a quienes sufrieron persecución política.
El 18 de octubre de 2022, la Comisión de Derechos Civiles y Participación remitió una circular al Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) con el resumen de una reunión mantenida con representantes de Justicia. En ese encuentro, según personas que participaron, Puente reconoció que ampliar los supuestos sin determinar el exilio haría que la instrucción fuera «creativa, con una ley cerrada», algo que los representantes de CEDEU no compartían, ya que defendían que el texto podía interpretarse de manera ambigua gracias a la coma.
El fin de semana crítico en Buenos Aires
Mientras en España no había debate público sobre el alcance de la norma, la comunidad española en Argentina vivía lo que sus protagonistas llamarían después «el fin de semana crítico». El PSOE de Argentina, a través de una circular interna firmada por Lorena Suárez, salió al paso de la confusión generada por borradores no oficiales y aclaró que aún no se había publicado el instructivo que fijaba requisitos, pese a que en el Consulado de Buenos Aires ya se podía pedir turno para tramitar solicitudes.
En ese contexto, de la Hoz trasladó al entonces presidente de la Comisión de Nacionalidades, David Casarejos, de Izquierda Unida, que el asunto se resolvía «con una decisión de índole política». El dirigente de CEDEU advirtió además de que, si la instrucción no abría la puerta a los descendientes de emigrantes, su organización se pondría en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, una amenaza con peso político dado que la asociación aglutinaba una red internacional de potenciales solicitantes de nacionalidad y, por extensión, futuros votantes.
«Si hay voluntad política, se hace incluso en una instrucción cuando la ley dice opción», afirmó Juan Manuel de la Hoz, líder de CEDEU, en los mensajes del fin de semana previo a la publicación de la instrucción.
Según fuentes próximas a la negociación citadas por OKDIARIO, que publicó la conversación, Pilar Cancela, representante del PSOE en el Exterior, habría sido una de las figuras clave en la decisión final del Ministerio de Justicia, que entró en vigor el 26 de octubre de 2022. Desde entonces, hasta 2,5 millones de descendientes de españoles en todo el mundo han solicitado la nacionalidad durante los tres años de vigencia del plazo.
Preguntado por aquellos mensajes, de la Hoz defiende que él «no hizo nada malo» y remarca que la decisión final «no dependió» de su organización. «Yo no era ni soy político, solo quienes tomaron la decisión saben lo que pasó», añade. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, fue la tercera norma de reparación de la dictadura tras la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria Histórica de 2007, y amplió el acceso a la nacionalidad a nuevos colectivos de descendientes.
Críticas desde la propia diáspora
La instrucción, pese a abrir la vía a cientos de miles de solicitudes, no satisfizo a parte de la comunidad española en el exterior que llevaba años reclamando un reconocimiento más amplio y estable. Miembros del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Buenos Aires sostienen que conocieron el contenido de la instrucción por la prensa y consideran «vergonzosa» e «indigna» la fórmula jurídica empleada para su aprobación.
«Los descendientes de españoles nos merecemos un consenso parlamentario y un reflejo en el Código Civil que no caducara a los tres años el derecho a solicitarla», denuncian miembros del Consejo de Residentes Españoles en Buenos Aires.
La controversia sobre el alcance y la temporalidad de la nacionalidad por origen se suma a otras sobre la gestión de la ciudadanía española en el exterior, como la sustitución del voto certificado Cera por franqueo ordinario en destino que aplican 16 embajadas, otro asunto que ha puesto bajo escrutinio el funcionamiento del censo electoral de los residentes fuera del país.