El 'think tank' liberal, que defiende el libre mercado y la reducción del peso del Estado, ha elaborado el catálogo a partir de una base documental de más de 2.300 informaciones periodísticas «debidamente contrastadas», clasificadas por tramas mediante herramientas de tratamiento de datos. La metodología distingue tres categorías —hechos confirmados, investigaciones judiciales abiertas y alegaciones respaldadas por documentación— con el objetivo declarado de «evitar equiparar automáticamente falta de concurrencia o transparencia como casos de corrupción acreditada».
El inventario recoge 22 tramas de ámbito nacional, de las que doce incorporan cuantificación económica y las diez restantes corresponden a episodios de opacidad, captura institucional o mala praxis gestora sin coste expresable en euros. A ellas se suman, según el informe, al menos 16 tramas adicionales de ámbito autonómico y municipal que quedan fuera del cómputo nacional «para no mezclar responsabilidades políticas de niveles administrativos diferentes».
700 millones en el caso Koldo-Ábalos
Entre los expedientes más costosos figura el caso que investiga a José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, con hasta 700 millones de euros en obra pública bajo sospecha, y otros 537 millones en adjudicaciones relacionadas con la trama que afecta a Santos Cerdán y la empresa navarra Servinabar. El documento describe el caso Ábalos-Koldo como una «trama matriz», puesto que las escuchas y los dispositivos intervenidos habrían permitido abrir líneas de investigación posteriores vinculadas a Víctor de Aldama y al propio Cerdán, en una causa que instruye el Tribunal Supremo por el aforamiento de los investigados.
El catálogo detalla también 750 millones vinculados por la UCO al conjunto de rescates de la SEPI investigados en el entorno del caso Plus Ultra, 500 millones asociados al caso Forestalia y alrededor de 616 millones vinculados al rescate de Air Europa, sumando el crédito del ICO y la ayuda de la SEPI. La Fiscalía Europea investiga además 465 millones por posibles fraudes relacionados con fondos del Plan de Recuperación, mientras otros 300 millones estarían ligados al fraude de IVA en hidrocarburos.
El informe añade cerca de 148 millones en contratos y ayudas a empresas vinculadas a familiares de altos cargos y unos 133 millones asociados a la trama conocida como las cloacas del PSOE. A este listado se suma la investigación que la UCO desarrolla sobre una reunión de Koldo García y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez para explorar la creación de un banco en Venezuela, uno de los episodios que el propio instituto conecta con la trama matriz del caso Koldo-Ábalos.
Correos, 1.250 millones en pérdidas
El estudio dedica un capítulo al «fuerte deterioro financiero» de Correos, con 1.250 millones de euros en pérdidas acumuladas entre 2018 y 2023, cifra que el IJM diferencia expresamente de un desvío directo de fondos. El informe sitúa ese deterioro en paralelo a comisiones cobradas por directivos allegados al presidente del Gobierno y a la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a la trama Koldo, sin que la cantidad se compute dentro de los 5.432 millones de la factura total.
El catálogo recoge además 25 millones asociados a irregularidades denunciadas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y ocho millones correspondientes al contrato público con el asesor Juan Carlos Barrabés, incluido en la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. La metodología del instituto evita sumar indiscriminadamente cantidades de naturaleza distinta para impedir duplicidades entre expedientes relacionados entre sí.
Otros 5.000 millones sin concurrencia
Al margen de la factura de 5.432 millones, el IJM detecta alrededor de 5.000 millones de euros adicionales en lo que denomina «contratos opacos», una cifra que decide no sumar al total «para mantener una metodología prudente». El instituto subraya que se trata de «un importantísimo volumen de licitaciones adjudicadas sin concurrencia pública que reflejan un evidente deterioro de la transparencia administrativa».
«El daño económico de la degradación institucional es mucho mayor porque la corrupción y la inseguridad jurídica desincentivan inversiones, desvían recursos hacia actividades improductivas y frenan proyectos que podrían generar riqueza y empleo», sostiene el Instituto Juan de Mariana en su informe.
Para dimensionar ese coste indirecto, el catálogo recupera un estudio de los economistas Francisco Alcalá y Fernando Jiménez, elaborado para la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que calculó el incremento de renta que experimentaría España si su calidad institucional convergiera con el nivel correspondiente a su grado de desarrollo económico. El escenario más conservador de ese trabajo apuntaba a una mejora potencial de la renta per cápita del 10,7%.
Trasladado al Producto Interior Bruto de 2025, el IJM estima que esa brecha equivale a aproximadamente 181.000 millones de euros de renta adicional al año, unos 3.660 euros por habitante. El instituto enmarca esta estimación en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el que España obtuvo 55 puntos sobre 100 en 2025, ocupando el puesto 30 de 37 países analizados.
El catálogo del IJM se suma a una serie de investigaciones periodísticas y judiciales sobre contratación pública y entidades vinculadas al Ejecutivo conocidas en los últimos meses, entre ellas la reconstrucción de una venta de billetes dorados por 10 millones de euros o los pagos de Migraciones a una ONG presidida por un alto cargo del ministerio, 3,4 millones en cuatro años al Mpdl.
