Abogada especializada en comercio internacional y derecho de la Unión Europea, y esposa del exviceprimer ministro británico Nick Clegg, González Durántez ha presentado Democracia21 como un proyecto de «regeneración institucional» en alianza con Ciudadanos, con listas iniciales en Madrid y Barcelona. Su currículum público recoge, además de la pertenencia al ECFR, su presencia en el consejo asesor del Círculo de Empresarios y su papel como fundadora de las plataformas España Mejor e Inspiring Girls.
El ECFR, con oficinas en varias capitales europeas, se define como un think tank independiente. Sus propios registros, sin embargo, reconocen el papel de las Open Society Foundations como lo que la institución denomina «anchor funding»: en ejercicios anteriores esa red llegó a representar alrededor de un tercio de sus ingresos, y en los listados más recientes sigue apareciendo como donante relevante junto a gobiernos europeos, la Comisión Europea y fundaciones como Stiftung Mercator o Robert Bosch.
La pertenencia de González Durántez al ECFR no es un dato nuevo: aparece recogida en su página web personal, en perfiles de ponentes de conferencias y en reseñas biográficas publicadas en medios españoles e internacionales. Lo que ha cambiado es el contexto: la circulación del dato en redes sociales coincide con el arranque de la campaña de Democracia21, que se presenta como alternativa al «bipartidismo» y a la «polarización».
El ECFR reúne a políticos, académicos y analistas de distintos países europeos y participa en debates sobre política exterior comunitaria, ampliación de la UE y relaciones transatlánticas. Su modelo de financiación mixta —fondos gubernamentales, comunitarios y privados— es compartido por buena parte de los centros de análisis con sede en Bruselas, una capital donde la trazabilidad de las aportaciones privadas ha sido objeto de escrutinio recurrente en el Parlamento Europeo.
La influencia de las fundaciones privadas en el entorno comunitario es materia de controversia desde hace años. El papel de las Open Society Foundations ha sido cuestionado por gobiernos del este de Europa: el Ejecutivo húngaro de Viktor Orbán impulsó en 2017 una ley que llevó a la Central European University, fundada por Soros, a trasladar sus programas a Viena en 2019. Otros actores defienden que la financiación de la red a organizaciones civiles y académicas responde a criterios de pluralismo y defensa del Estado de derecho.
La polémica llega mientras el papel de los actores privados en las decisiones europeas ocupa el debate comunitario, desde la red de contratos públicos de Palantir en once países hasta la financiación de plataformas ciudadanas. Democracia21 mantiene su discurso centrado en la independencia del proyecto y en su propósito declarado de modernizar la política española desde el centro.
El ECFR conserva publicados en su web los listados de financiadores institucionales y privados, entre los que figuran gobiernos europeos y la Comisión Europea, un mecanismo de transparencia que no ha evitado que el peso histórico de determinadas fundaciones siga alimentando el escrutinio sobre la independencia de los centros de análisis que operan en el perímetro de las instituciones comunitarias.
