El anuncio llegó en pleno estallido de las protestas agrarias que recorrieron España y el resto de Europa a comienzos de año, azuzadas por la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, el recorte previsto de la Política Agraria Común y la competencia de terceros países con menores exigencias. La promesa de ceder tierra pública a los jóvenes del sector, en el que solo el 9% de los ocupados tiene menos de 41 años, respondía a uno de sus problemas de fondo: la falta de relevo generacional.
La cartera pública susceptible de ser enajenada la forman 17.915 fincas rústicas cuya gestión depende de Patrimonio del Estado, adscrito al Ministerio de Hacienda. El análisis firmado por Regino Coca, fundador de Cocampo, afina esa cifra y sitúa en 16.485 los registros clasificados como rústicos en el Portal de Transparencia, de los que 15.510 pertenecen efectivamente al Fisco y podrían cederse; el resto son propiedad de Confederaciones Hidrográficas, Carreteras, Parques Nacionales u otros organismos.
El dato central del estudio es la superficie: el 76,4% de esas fincas tiene menos de una hectárea y el 96,9% menos de cinco. Apenas 40 unidades superan las 30 hectáreas, un umbral que cobra sentido al compararlo con la superficie media de las explotaciones agrícolas españolas, de 30,46 hectáreas. Coca matiza que esto «no significa que estas fincas carezcan de valor», ya que pueden resultar útiles para propietarios colindantes o agruparse si están próximas entre sí.
Las memorias de Hacienda tampoco permiten saber si se trata de suelo de regadío o secano, arable o forestal, una distinción decisiva porque el precio de una hectárea con acceso a agua puede oscilar entre 14.000 y 30.000 euros, frente a valores casi nulos en terrenos forestales sin aprovechamiento. Ese vacío impide, según el análisis, cuantificar el verdadero alcance económico del anuncio. Los terrenos, además, se concentran en pocas comunidades: la Comunidad Valenciana suma 5.358 fincas, Castilla y León 3.320 y Aragón 1.725.
Ventas a 2.558 euros de media desde 2012
El Plan de Ventas del Estado 2023-2030, heredero de una estrategia iniciada en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy para aumentar los ingresos del Fisco, ofrece una referencia de lo que podría esperar el sector. Durante la vigencia del plan anterior, entre 2012 y 2020, el Estado traspasó 11.288 fincas a un precio medio de 2.558 euros por operación, una cifra reducida frente al valor de mercado de una hectárea de regadío. Los informes de Hacienda hasta 2024 recogen 14.822 enajenaciones adicionales a una media de 2.741 euros, en unidades de características muy similares: superficie mediana de 0,43 hectáreas y el 73,8% por debajo de una hectárea.
El paralelismo con esas ventas previas lleva a Coca a acotar las expectativas del anuncio. El presidente matizó en enero que el parque público de suelo rústico estaba pendiente de «analizar» para valorar su aptitud, aunque el mensaje que trascendió fue el de 17.000 parcelas listas para el relevo generacional del campo. El experto sostiene que la solución «difícilmente puede constituir un remedio estructural al problema de acceso a la tierra», porque a su juicio equivoca el enfoque.
«España dispone ya de toda la tierra que va a tener. El siguiente reto es conseguir que esté correctamente identificada, con una titularidad actualizada, coordinada entre Registro de la Propiedad y Catastro, preparada para transmitirse», Regino Coca, fundador de Cocampo.
El silencio sobre el destino real de esas fincas se suma a otros frentes abiertos del Ejecutivo en materia territorial, desde la gestión migratoria en el Estrecho —donde Frontex cifra en 15.909 las entradas registradas este año, un 34% más que en el ejercicio anterior— hasta la crisis de Ceuta. El decreto que Sánchez comprometió para el primer trimestre no consta presentado a cierre del verano.
