La respuesta del Gobierno llegó horas después de que Vivas, del Partido Popular, pidiera a primera hora del jueves que se activara la «emergencia nacional» ante lo que calificó de presión migratoria extrema, sostenida durante varios días consecutivos con entradas diarias que, según sus cifras, rondan las 300 personas. El dirigente ceutí reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que asumiera el «mando único» sobre el dispositivo y adoptara medidas «contundentes» frente a un fenómeno que, subrayó, convierte a Ceuta y Melilla en la única frontera terrestre y marítima de España y de la Unión Europea con el continente africano.
Fuentes de Interior explicaron que la figura de la emergencia de interés nacional, regulada por la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, está diseñada para catástrofes naturales o accidentes tecnológicos de gran magnitud —terremotos, inundaciones, incendios forestales o accidentes industriales graves— y no contempla los movimientos migratorios como supuesto de activación. Esa limitación normativa es la que, según el ministerio, impide encajar jurídicamente la petición del presidente ceutí, al margen de la gravedad de la situación sobre el terreno. El propio departamento insistió en que el Gobierno «está reforzando los medios» desplegados para atender de forma simultánea el control fronterizo, la seguridad y la asistencia humanitaria, con el objetivo de que «no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar».
El marco legal español distingue entre la gestión ordinaria de fronteras —competencia del Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil y la Policía Nacional, con el apoyo de Salvamento Marítimo— y los mecanismos extraordinarios de emergencia, reservados a Protección Civil bajo criterios tasados por ley. Esa distinción explica que, pese a la magnitud del episodio, el Ejecutivo haya optado por reforzar medios ordinarios en lugar de activar un mecanismo que, según su interpretación, no resulta aplicable al supuesto migratorio.
La jornada del miércoles fue especialmente tensa: más de 800 personas trataron de acceder a nado a territorio español por la zona del Tarajal, procedentes de las playas de Fnideq —localidad marroquí conocida en español como Castillejos—, situada justo al otro lado de la frontera. La presencia de fuerzas de seguridad marroquíes en esas playas no impidió que un número indeterminado de personas lograra adentrarse en aguas o suelo español, en una jornada que se suma a una racha de varios días con llegadas que, según los datos trasladados por la ciudad autónoma, han superado el millar de personas en total.
Ceuta cuenta con una capacidad de acogida limitada, concentrada principalmente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), un dispositivo pensado para una ocupación muy inferior a los picos que se registran en episodios como el actual. La saturación de ese centro y de los recursos municipales es uno de los argumentos centrales que Vivas ha esgrimido ante el Gobierno central para justificar su petición. El presidente ceutí sostuvo que una crisis de «esta magnitud y naturaleza» exige decisiones inmediatas del Ejecutivo, y recordó que «la presión migratoria sobre Ceuta es una constante» por su condición de frontera terrestre y marítima de España y de Europa en África.
Un perímetro que depende de la vigilancia marroquí
La cooperación con Marruecos en el control de sus propias costas y fronteras terrestres es, según ha explicado de forma reiterada el Ministerio del Interior, un elemento determinante para contener los flujos hacia Ceuta y Melilla, dado que ambas ciudades autónomas carecen de frontera terrestre con ningún otro país europeo y dependen en gran medida de la vigilancia que Rabat ejerce en su propio territorio. Cualquier variación en esa cooperación, por motivos políticos, diplomáticos o de recursos, se ha traducido históricamente en oscilaciones notables en el número de intentos de entrada.
La relación entre España y Marruecos en materia de control fronterizo ha atravesado episodios de fuerte tensión en las últimas dos décadas. El precedente más citado es el de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas entraron en Ceuta en apenas 48 horas tras una relajación de la vigilancia marroquí, en plena crisis diplomática por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Aquel episodio derivó en meses de fricción entre Madrid y Rabat y en el envío de unidades del Ejército para reforzar el perímetro. Más atrás, la crisis del islote de Perejil, en 2002, ilustró la fragilidad de la frontera sur.
La demanda de una respuesta más contundente del Gobierno central ante los picos de presión migratoria en las ciudades autónomas es recurrente en el discurso del Partido Popular, en Ceuta y a nivel nacional. El Ejecutivo de coalición, por su parte, ha defendido su gestión apelando al refuerzo de efectivos y a la cooperación bilateral con Marruecos como vías más eficaces que una declaración de emergencia carente de encaje legal. Ambas posiciones mantienen un pulso político que reaparece cada vez que se producen episodios de llegadas masivas en el Tarajal.
La visita de Grande-Marlaska a Ceuta, prevista para este viernes a primera hora, servirá para que el ministro constate directamente el estado del dispositivo fronterizo y de acogida y traslade a las autoridades locales el detalle de los refuerzos anunciados por su departamento. No ha trascendido de momento un calendario ni una cifra concreta de nuevos efectivos o medios materiales que vayan a desplegarse en la ciudad autónoma.
La situación en el Tarajal seguirá marcada en los próximos días por la evolución de los intentos de entrada y por la respuesta de la vigilancia marroquí en las playas de Fnideq, un factor que en episodios anteriores ha resultado determinante para frenar o intensificar los flujos. El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico ceutí mantienen abierto un contacto directo tras la conversación telefónica de este jueves entre Marlaska y Vivas, que previsiblemente continuará durante la visita del ministro.
