Los agentes recién enviados se suman a un equipo previo de seis efectivos de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER), desplegado en la ciudad horas después de estallar la crisis con el cometido de apoyar a la plantilla local en las labores de filiación, reseña dactilar y documentación de los adultos que quedan en Ceuta. "La inmensa mayoría va a regresar a Marruecos a la mayor brevedad", recalcó Marlaska al anunciar el operativo.
Esas tres fases —filiación, reseña y documentación— constituyen el paso obligado antes de cualquier resolución de expulsión conforme a la Ley Orgánica 4/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en España, y su reglamento de desarrollo. Sin la identificación fehaciente de cada persona y la constatación de su nacionalidad, la Administración no puede tramitar la devolución ni solicitar a las autoridades marroquíes la documentación necesaria para la readmisión, lo que explica el cuello de botella que Interior trata ahora de desatascar con más personal.
El marco legal aplicable distingue entre la devolución, prevista para quienes intentan entrar o han entrado de forma irregular reciente y que permite un procedimiento simplificado, y la expulsión ordinaria, que exige un expediente contradictorio con trámite de alegaciones y, en su caso, recurso ante los tribunales. La calificación jurídica de cada caso —según el tiempo de estancia irregular, la vía de entrada o la existencia de solicitudes de protección internacional— determina qué procedimiento se aplica y sus plazos.
La previsión del ministro de que la mayoría regresará a Marruecos depende en última instancia de la cooperación de Rabat. España y Marruecos mantienen un acuerdo bilateral de readmisión de nacionales en situación irregular firmado en 1992, reactivado en distintas ocasiones tras episodios de tensión migratoria, y cuya aplicación efectiva ha estado condicionada históricamente por el estado de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Del precedente de 2021 a la crisis actual
El antecedente más comparable se remonta a mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas entraron en Ceuta a nado o por la zona de Benzú en apenas 48 horas, en un contexto de crisis diplomática entre Madrid y Rabat. La mayoría de aquellos retornos se ejecutó en los días siguientes gracias a una coordinación acelerada entre ambos Gobiernos. La situación actual, con 5.000 personas aún pendientes de resolución dos semanas después de la entrada, apunta a un proceso más prolongado, condicionado por la tramitación individualizada de cada expediente.
Interior no ha precisado si entre las 5.000 personas que permanecen en la ciudad hay solicitantes de asilo, cuya situación quedaría al margen de cualquier expulsión mientras se resuelve su petición, conforme a la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo. Esa circunstancia podría alargar los plazos para una parte de los afectados, al margen del refuerzo policial anunciado.
En crisis anteriores, organizaciones humanitarias y colectivos de defensa de los derechos de los migrantes han reclamado que cualquier expulsión respete las garantías del procedimiento y el derecho a la tutela judicial efectiva, incluida la posibilidad de recurrir las órdenes de devolución ante la jurisdicción contencioso-administrativa antes de su ejecución. No consta que estas entidades se hayan pronunciado sobre el operativo concreto anunciado este jueves.
El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, ha reclamado en episodios previos mayores recursos del Estado para afrontar la saturación de los centros de acogida temporal. La ciudad autónoma, con apenas 19 kilómetros cuadrados y una población en torno a los 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística, dispone de una capacidad de acogida limitada frente a episodios de llegada masiva.
El refuerzo con agentes de Extranjería no implica por sí mismo ninguna resolución judicial sobre la situación de las personas afectadas: se trata de un despliegue administrativo dentro del procedimiento ordinario de control migratorio. De presentarse recursos contencioso-administrativos, su ejecución última podría quedar en manos de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta o, en su caso, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del que depende territorialmente la ciudad a efectos judiciales.
Interior no ha ofrecido un calendario cerrado para la resolución de los 5.000 expedientes pendientes, más allá de la promesa ministerial de actuar "a la mayor brevedad". La evolución de las próximas semanas y la respuesta de las autoridades marroquíes a las solicitudes de readmisión determinarán si el refuerzo policial logra acelerar un proceso que, dos semanas después de la entrada masiva del 30 de julio, sigue sin resolverse para la mayoría de los afectados.
