La distancia de Robles se habría expresado de forma discreta, sin confrontación pública directa con Sánchez. La titular de Defensa, de quien depende el CNI a través del Departamento de Seguridad Nacional, habría preferido mantener bajo reserva determinados documentos vinculados a un episodio en el que más de 8.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos en apenas 48 horas, en mayo de 2021, coincidiendo con el enfriamiento diplomático por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Aquella crisis constituyó una de las mayores presiones migratorias registradas en una frontera española. Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, concentran desde hace décadas fricciones entre Madrid y Rabat que combinan disputas de soberanía, control migratorio y cooperación diplomática. El episodio de 2021 tuvo un recorrido político inmediato: la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, fue sustituida por José Manuel Albares pocas semanas después, un relevo que numerosos analistas interpretaron como consecuencia de la gestión de la crisis con Marruecos.
La publicación de los informes se enmarca en el anuncio de Sánchez de dar mayor transparencia a la actuación de los servicios de Inteligencia en episodios de gestión de crisis, una decisión que contrasta con la cultura de reserva que ha caracterizado tradicionalmente al CNI. La Ley 11/2002, reguladora del organismo, y la Ley Orgánica 2/2002, sobre el control judicial previo de su actividad, establecen un régimen de secreto que solo excepcionalmente permite la desclasificación, sujeta a criterios de interés general y seguridad nacional que corresponde ponderar al Gobierno.
Desde el punto de vista procedimental, la desclasificación exige que el Ejecutivo autorice la difusión de documentos clasificados como secretos o reservados conforme a la Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales, todavía vigente pese a sucesivos intentos de reforma. Ese marco otorga a Presidencia un margen de decisión que no siempre coincide con el criterio del departamento del que depende operativamente el CNI, lo que explica la fricción entre Moncloa y Defensa en este caso.
Fuentes del Ministerio de Defensa no han desmentido la existencia de reticencias por parte de Robles, aunque tampoco las han confirmado expresamente, y se han ceñido a subrayar que la decisión final corresponde a Presidencia del Gobierno. Moncloa, por su parte, ha defendido el anuncio como un ejercicio de rendición de cuentas ante la opinión pública y ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
La situación se produce después de que Sánchez respaldara la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en otro frente de controversia dentro del Gobierno, lo que —según fuentes conocedoras de la dinámica interna— habría colocado a Robles en una posición incómoda en el Consejo de Ministros. La ministra, jurista de formación y antigua vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha mantenido históricamente un perfil de autonomía dentro del Ejecutivo, incluso en episodios de roce con otros departamentos.
El precedente más directo de tensión entre Defensa y Presidencia por el control del CNI se remonta al cese de la entonces directora del centro, Paz Esteban, en 2022, tras el escándalo del espionaje con el software Pegasus a dirigentes independentistas catalanes. Aquella crisis obligó a Robles a comparecer en el Congreso para defender la actuación de los servicios de Inteligencia bajo control judicial previo del Tribunal Supremo, y derivó en la creación de un reglamento específico para el control parlamentario de los fondos reservados y la actividad del organismo.
En el plano parlamentario, portavoces del Partido Popular han reclamado la comparecencia de Robles y de Marlaska ante la Comisión de Defensa del Congreso para aclarar el alcance de los documentos que se harán públicos. Desde Sumar, socio de coalición del PSOE, se ha pedido que la transparencia se extienda también a otros episodios de la actuación del CNI en los últimos años. Ninguna de las partes implicadas ha precisado por el momento el contenido exacto de lo que se difundirá.
La Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, integrada por representantes de los grupos con representación suficiente, deberá pronunciarse sobre el material que finalmente se difunda, un trámite que en anteriores legislaturas se ha prolongado durante meses antes de traducirse en publicación efectiva. El calendario concreto no ha sido comunicado oficialmente.
El desenlace del episodio dependerá de si la discrepancia de Robles se traduce en algún gesto público más allá de la discreción mantenida hasta ahora, y de si los informes desclasificados incluyen valoraciones sobre la actuación del propio Gobierno en la gestión de la crisis de 2021. La difusión efectiva marcará las próximas semanas de una legislatura ya condicionada por las tensiones entre los departamentos con competencias en seguridad.
