El país se denomina oficialmente Emirato Islámico de Afganistán desde agosto de 2021, y las calles de la capital lucieron este sábado las banderas blancas y negras del movimiento en motos, vehículos y rickshaws. Los carteles proclamaban que «el 15 de agosto es el día en el que la Nación afgana izó la bandera de la fe, del honor y de la independencia».
El regreso de los talibanes al poder puso fin a dos décadas de presencia militar de EE. UU. en Afganistán, iniciada en 2001 como respuesta a los atentados del 11 de septiembre. El 30 de agosto de 2021, el último soldado estadounidense abandonó el país, cerrando la intervención más prolongada de Washington en ese territorio. Aquellas semanas de agosto quedaron marcadas por escenas de pánico en el aeropuerto de Kabul, donde miles de afganos intentaron huir por temor a la aplicación de una interpretación estricta del islam; algunos llegaron a aferrarse a los aviones antes del despegue para que las fuerzas occidentales los evacuaran.
El ministro de Relaciones Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, afirmó en una entrevista publicada el viernes por un medio estadounidense que «el capítulo de la guerra ha terminado» y pidió a Washington «reabrir su embajada e invertir» en el país. La declaración se produce en un contexto de aislamiento diplomático: hasta el momento, solo Rusia reconoce formalmente al gobierno talibán, aunque este ha logrado establecer canales de relación con otros países, incluidos algunos miembros de la Unión Europea, principalmente en torno a la gestión migratoria.
El gobierno de facto reivindica avances en materia de seguridad para una población que arrastra el trauma de cuatro décadas de conflictos armados y atentados. Mujahid insistió en julio pasado en la idea de «autosuficiencia» económica, apostando por el sector minero como motor de desarrollo, en momentos en que Afganistán permanece excluido del sistema bancario internacional.
Los indicadores económicos ofrecen un panorama mixto. Según el Banco Mundial, la economía afgana creció un 4,8 % en 2025, una cifra que en circunstancias normales representaría una señal alentadora para cualquier país en desarrollo. Sin embargo, ese crecimiento no se ha traducido en mejoras del nivel de vida, debido en buena parte al retorno de más de seis millones de afganos procedentes de Irán y Pakistán a partir de 2023, según la misma entidad, lo que ha presionado el mercado laboral y los servicios básicos en un país ya golpeado por la escasez.
A la crisis migratoria se suman el cambio climático y las tensiones fronterizas con Pakistán, que según el material derivaron en enfrentamientos con cientos de víctimas civiles y en la interrupción de transacciones comerciales entre ambos países. La combinación de estos factores ha agravado una crisis humanitaria que, según cifras de Naciones Unidas, deja a cerca de 14 millones de afganos en situación de hambre aguda.
El testimonio de Pirooz Mirzaie, un estudiante de 20 años consultado en Kabul por la agencia AFP, resume las contradicciones del momento: reconoce que «se han construido carreteras» y que «hay muchas oportunidades para que los emprendedores lancen sus negocios», pero admite que «el mayor desafío para los jóvenes es la falta de empleo».
Las restricciones que denuncia la ONU
El diagnóstico más crítico proviene de la misión de derechos humanos de la ONU en Afganistán. Su directora, Fiona Frazer, declaró a la AFP que la población afgana ha debido sufrir, durante estos cinco años, «la introducción y la consolidación de unas restricciones agobiantes en casi cada ámbito de su vida y de los derechos humanos». Según ese organismo, las mujeres han sido las más afectadas. Entre las prohibiciones documentadas figura la de escuchar música o ver películas de ficción, disposiciones enmarcadas en la interpretación religiosa que el movimiento ha impuesto como norma de conducta social desde su regreso al poder.
El caso afgano tiene precedentes en el propio recorrido del movimiento: los talibanes ya habían gobernado Afganistán entre 1996 y 2001, periodo en el que aplicaron una lectura rigorista del islam antes de ser expulsados de Kabul por la coalición liderada por Estados Unidos. El regreso al poder en 2021 reeditó, según los organismos internacionales, buena parte de aquel marco normativo, ahora sin la interrupción de una presencia militar extranjera.
El reconocimiento internacional de un gobierno se rige por la práctica diplomática de cada Estado y de los organismos multilaterales, que suelen condicionarlo al respeto de compromisos en materia de derechos humanos. En el caso afgano, ese reconocimiento sigue mayoritariamente en suspenso, lo que mantiene al Emirato Islámico al margen del sistema financiero global y de buena parte de la cooperación oficial.
De cara a los próximos meses, el gobierno talibán buscará ampliar su reconocimiento diplomático y atraer inversión extranjera pese a las restricciones bancarias vigentes, mientras organizaciones humanitarias insisten en la necesidad de mantener canales de ayuda para atender la crisis alimentaria. Los organismos multilaterales con presencia en la región continuarán monitoreando la situación de derechos humanos, en particular el acceso de las mujeres a la educación y al trabajo, como condición central para cualquier avance en las relaciones con Kabul.
