La presidencia de cada cámara no es un cargo protocolario. Quien la ocupa define el orden del día, prioriza los debates de control político, organiza la agenda legislativa e incide en el trámite de los proyectos que radique el Ejecutivo. Por eso la pugna por el Senado se leyó, desde el primer día, como un pulso de poder entre sectores de la derecha que compitieron divididos en la primera vuelta presidencial.
La contienda enfrentó a dos figuras con respaldos distintos. Henríquez llegó apoyado por el Centro Democrático, colectividad que se declaró de gobierno tras la segunda vuelta pero que mantiene su condición de bancada independiente. Deluque contaba con el respaldo directo de De la Espriella, quien rompió con la costumbre de que el jefe de Estado avale al candidato de la colectividad mayoritaria dentro de su coalición.
La ruptura tiene un antecedente inmediato en la campaña. En primera vuelta, la campaña de De la Espriella dirigió buena parte de sus críticas contra Paloma Valencia, la aspirante del uribismo, con una intensidad que en varios momentos superó a la dirigida contra Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Esa disputa interna, según el material, dejó grietas entre ambos sectores de derecha que resurgieron en la negociación por la mesa directiva del Senado.
La falta de acuerdos previos entre las bancadas antes de la posesión del Congreso obligó a que la votación se definiera, según congresistas citados en el material, «a voto limpio»: sin que ninguno de los dos bloques tuviera certeza plena sobre el número de apoyos con que contaba antes de abrirse el registro en la plenaria. Ese desenlace contrasta con lo ocurrido en la Cámara, donde Barguil logró un consenso amplio de 180 votos.
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, ejercía como puente entre la Casa de Nariño y el Congreso, y la elección de Deluque se daba prácticamente por realizada. Su derrota en esa votación se interpretó como el primer tropiezo de su gestión ante el Legislativo, y como señal de que la relación con el Centro Democrático exigirá negociación permanente antes de cada votación clave.
Tras conocerse el resultado, Lara calificó de «escueta» la agenda legislativa del Gobierno entrante. «El presidente ha dicho que hay demasiadas leyes. La agenda legislativa de este gobierno es escueta, aquí no nos creemos grandes reformadores», afirmó, y agregó que la prioridad será «básicamente aplicar la ley, perseguir a los delincuentes, limpiar la corrupción y esas malas prácticas de repartijas con el Congreso, porque eso es lo que le prometió El Tigre», en referencia al apodo con que se conoce a De la Espriella.
Lara también dirigió un mensaje al nuevo presidente del Senado, pese a la derrota de su candidato. Sobre la gestión que encabezará Henríquez, dijo estar seguro de que «estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad», en un gesto orientado a descomprimir la tensión entre el uribismo y el equipo de gobierno.
La vía del decreto frente a un Congreso sin mayorías
Las declaraciones del ministro designado llegaron después de que Germán Calderón España, asesor jurídico del presidente electo y designado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, generara polémica al señalar que «serán pocas las leyes que tendrán que tramitarse». Calderón planteó, tras la derrota de Deluque, una ruta para avanzar en la agenda de gobierno sin depender del Legislativo, apoyada en la facultad presidencial de expedir decretos con fuerza material de ley.
El asesor citó, según el material, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado. «El presidente de la República tiene la facultad de proferir decretos con fuerza material de ley», escribió. La lectura en sectores del Gobierno es que, ante un Congreso donde no tiene mayorías consolidadas, el Ejecutivo podría inclinarse por la vía administrativa en lugar de someter iniciativas al trámite parlamentario ordinario.
El uso de decretos y de la potestad reglamentaria ante Congresos fragmentados no es inédito en la historia reciente del país. Gobiernos de distinto signo han recurrido a esos instrumentos, en particular en materias de emergencia económica o de ejecución presupuestal, siempre bajo el escrutinio posterior de la Corte Constitucional, que revisa la constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley y puede declararlos inexequibles cuando el Ejecutivo excede las facultades otorgadas.
El Centro Democrático, la colectividad fundada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha insistido en que su respaldo en segunda vuelta no equivale a una fusión de agendas ni a la subordinación de su bancada. Esa distinción —ser partido de gobierno sin renunciar a la independencia legislativa— quedó reflejada en su apoyo a Henríquez y no al candidato del presidente electo.
La votación en el Pacto Histórico también atrajo atención, luego de que ese partido de oposición respaldara la candidatura de Henríquez frente a la de Deluque, decisión que abrió lecturas encontradas sobre las alianzas tácticas dentro del nuevo Congreso, en un escenario donde ninguna colectividad cuenta con mayorías absolutas en ninguna de las dos cámaras.
De cara a los próximos meses, la relación entre la Casa de Nariño y el Congreso quedará marcada por la capacidad del Gobierno de tramitar su agenda —así sea, en palabras del propio Lara, «escueta»— frente a un Senado presidido por una fuerza que, aunque aliada, ha mostrado disposición a actuar con autonomía. El primer test llegará con la discusión del Presupuesto General de la Nación y con los proyectos que el Ejecutivo decida radicar, cuyo trámite dependerá del talante de diálogo que Henríquez y Barguil impriman a sus mesas directivas.
