En aquel episodio, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, resultó elegido presidente del Senado gracias a una convergencia de votos entre el Pacto Histórico y el uribismo, que derrotó al candidato respaldado por el llamado abelardismo, como se conoce en el debate político a los sectores afines al nuevo mandatario. Esa alianza dejó una señal de alerta en la Casa de Nariño sobre la posibilidad de que oposición y sectores de la coalición coincidan en votaciones puntuales, diluyendo la mayoría que en teoría respalda al Gobierno.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha sostenido que el Gobierno se apartará de la discusión y dejará que el Congreso elija de manera autónoma. "El Gobierno reconoce que el proceso de elección de contralor es autónomo y soberano del Congreso de la República", afirmó el jefe de la cartera política, quien pidió a los partidos de gobierno que escojan "a un contralor anticorrupción y no procorrupción".
Lara precisó cuál es la expectativa del Ejecutivo: que la elección salga de un acuerdo entre los partidos de la coalición —el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Conservador o La U— sin recurrir a pactos con el Pacto Histórico. Aunque el ministro insiste en la autonomía del Congreso, el espaldarazo del Gobierno a un candidato suele ser determinante para el resultado.
El ministro fue enfático al advertir que una repetición del escenario del Senado resultaría difícil de justificar. "No tiene ninguna justificación y sería inexplicable que algunas de esas colectividades, en lugar de ponerse de acuerdo, pacten con un partido opositor y enemigo del Gobierno, como el Pacto Histórico. Eso sería injustificable e impresentable", sostuvo, y añadió que, si los partidos de la coalición logran un consenso propio, el Ejecutivo acompañará y respaldará ese proceso.
La Contraloría General de la República es uno de los organismos de control del Estado, encargado de vigilar la gestión fiscal de las entidades públicas y del manejo de los recursos del Presupuesto General de la Nación. Su titular es elegido por el Congreso, según lo previsto en la Constitución Política, para un período que coincide con el del jefe del organismo de control, lo que convierte esta votación en una de las decisiones de mayor peso institucional de cada legislatura.
En el Pacto Histórico se estaría a la espera de los movimientos de las demás bancadas antes de definir a qué candidato apoyar, con la intención de hacer oposición al aspirante respaldado por el Gobierno y dificultar esa elección, replicando la estrategia que le permitió imponerse en la disputa por la presidencia del Senado. En la izquierda reconocen que el panorama es complicado y que las discusiones pueden ser álgidas, con enfrentamientos con bancadas como Salvación Nacional o el Centro Democrático.
La aritmética legislativa no favorece a la izquierda: el Pacto Histórico cuenta con 63 curules en el conjunto del Congreso, una cifra insuficiente para imponer sus candidatos a voto limpio si las bancadas que respaldan al Gobierno mantienen los acuerdos alcanzados. Por eso, en cada discusión, ese sector buscará recoger votos de otros sectores para ganarle el pulso al abelardismo; cualquier intento de sabotaje dependería, de nuevo, de fisuras dentro de la coalición oficialista.
La bancada de izquierda ha anticipado que defenderá las tesis y proyectos que impulsó el expresidente Gustavo Petro durante su mandato y el legado que atribuye al primer gobierno de izquierda. Serán sensibles para ese sector los temas relacionados con la reforma rural integral, la entrega de tierras y los ajustes a los sistemas pensional, de salud y ambiental, una agenda que choca de entrada con las prioridades del nuevo Ejecutivo.
En el petrismo confían en que la coalición alrededor del Gobierno comience a fracturarse por el desgaste natural del primer año y que, a partir de allí, puedan arañar votos de congresistas de bancadas como el Partido Liberal, la Alianza Verde o La U, sectores que en ocasiones actuaron como aliados circunstanciales durante el gobierno anterior. La erosión de las coaliciones amplias en el arranque de los mandatos no es un fenómeno inédito en la historia del Congreso colombiano, donde alianzas iniciales sólidas se han visto desgastadas por diferencias burocráticas y programáticas antes de cumplirse el primer año de gobierno.
El resultado del miércoles será leído en el Capitolio Nacional como un termómetro de la solidez de la coalición que sostiene al Gobierno. Un triunfo del candidato respaldado por los partidos oficialistas reforzaría la narrativa de gobernabilidad que la Casa de Nariño ha proyectado desde la posesión; una nueva convergencia entre uribismo y petrismo, en cambio, indicaría que el episodio de la mesa directiva del Senado no fue un hecho aislado.
Hasta ahora, ni el presidente De la Espriella ni su ministro del Interior se han pronunciado por un nombre concreto para la Contraloría General, manteniendo la distancia pública que anunciaron. Esa posición, ajustada al principio de autonomía del Congreso, no oculta la expectativa del Ejecutivo de que sus socios resuelvan sus diferencias internas antes de que se abra la sesión plenaria del miércoles 12 de agosto.
