Desde entonces, la ciudad autónoma vive lo que varias fuentes policiales describen como una situación «excepcional», con los dispositivos de seguridad, acogida y control fronterizo operando al límite de su capacidad. El origen del episodio marca la magnitud del reto: la mayoría de quienes accedieron lo hicieron a nado, aprovechando que el Tribunal Supremo había fijado un criterio que impide las devoluciones automáticas de quienes acceden al territorio español por esa ruta.
Según esas fuentes, el malestar entre los máximos responsables policiales destacados en Ceuta sería «muy serio». La razón, explican, no es tanto la magnitud de la crisis migratoria en sí —que ya exige un esfuerzo extraordinario de las plantillas— sino la carga añadida que suponen las visitas institucionales, cada una de las cuales activa un protocolo de seguridad específico: vehículos camuflados, escoltas, dispositivos de protección y agentes que acompañan físicamente a la autoridad durante todo su recorrido.
«Una parte importante de los recursos se está consumiendo en atender una procesión permanente de visitas institucionales», señaló un comisario en conversación con LA RAZÓN. El problema, trasladan las fuentes, se agrava cuando los desplazamientos incluyen puntos especialmente sensibles de la ciudad, como el barrio de El Príncipe, la zona de Benzú o las playas del Tarajal y El Trampolín, escenarios habituales de los intentos de entrada y, por tanto, con mayor concentración de efectivos y de tensión sobre el terreno.
Otro mando consultado resume el dilema en términos operativos: «Esos policías hacen falta en la calle, protegiendo a los ciudadanos y sosteniendo un dispositivo que ya está muy tensionado». Un tercero añade: «Ahora mismo Ceuta necesita policías trabajando en seguridad, prevención e investigación, no policías dedicados continuamente a escoltar autoridades». El fondo de la queja no cuestiona el derecho de los políticos a visitar la ciudad, sino el coste de oportunidad de cada desplazamiento en un contexto de escasez de efectivos.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha reforzado con policías y guardias civiles la presencia en Ceuta a lo largo de agosto, un refuerzo que, según las mismas fuentes, se ha revelado insuficiente ante la magnitud de la afluencia. El departamento ha solicitado además apoyo a la agencia europea Frontex para agilizar los procesos de identificación y triaje de los recién llegados, un procedimiento que se complica cuando el volumen de personas multiplica varias veces la capacidad ordinaria de los centros de acogida.
Un mes de desfile institucional
La cronología de visitas arranca apenas veinticuatro horas después del episodio más grave de entradas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta el 31 de julio acompañado por Grande-Marlaska, y calificó lo ocurrido como un ataque a la integridad territorial de España. Un día después, el 1 de agosto, el ministro del Interior regresó para supervisar el dispositivo policial, mientras que ese mismo día el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realizaba su primera visita, recorriendo la frontera y acusando al Gobierno de haber reaccionado tarde ante una crisis que, a su juicio, exigía una respuesta de Estado.
El 2 de agosto se desplazó Santiago Abascal, presidente de Vox, quien calificó lo sucedido de «invasión» y reclamó una mayor presencia militar en la frontera, una posición que se distancia tanto del diagnóstico del Gobierno como del formulado por el PP. Días después, el 7 de agosto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se desplazó también a la ciudad y mantuvo reuniones en los días siguientes, en un asunto especialmente delicado dado el marco de protección reforzada que la legislación española otorga a los menores no acompañados.
El fenómeno de la sobrecarga policial por motivos de protocolo no es nuevo en la frontera sur. En mayo de 2021, durante la crisis migratoria derivada de la relajación del control fronterizo por parte de Marruecos —en la que entraron más de 8.000 personas en apenas 48 horas, según datos del Ministerio del Interior de la época—, se registraron quejas similares ante la combinación de un dispositivo de contención desbordado y una sucesión de visitas de autoridades nacionales.
El marco jurídico que condiciona la respuesta operativa es la sentencia del Tribunal Supremo que restringe las llamadas devoluciones en caliente cuando el ingreso se produce a nado por el perímetro marítimo. Ese criterio obliga a las autoridades a tramitar individualmente cada expediente conforme a la Ley de Extranjería y al procedimiento de asilo previsto en la normativa europea, lo que multiplica la carga administrativa y de custodia sobre los cuerpos de seguridad desplegados en la ciudad.
El foco de las quejas trasladadas en este caso procede de mandos con responsabilidad operativa directa en Ceuta, un perfil distinto al de la interlocución sindical clásica que representa a los agentes de base. El Ministerio del Interior no ha realizado, hasta el momento, valoraciones públicas sobre el coste en efectivos que suponen las visitas institucionales, si bien el departamento defiende que el refuerzo de personal desplegado en agosto responde a la excepcionalidad de la situación.
La dimensión del desafío se aprecia al contrastar el volumen de llegadas con el tamaño de la ciudad, que ronda los 83.000 habitantes según el padrón del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2025. Ningún otro municipio español de tamaño similar ha tenido que absorber en un solo mes un flujo de personas equivalente a una parte muy sustancial de su población censada, lo que explica que cualquier desviación adicional de recursos se perciba como crítica sobre el terreno.
De cara a las próximas semanas, el Ministerio del Interior deberá decidir si mantiene o amplía el refuerzo desplegado en agosto, mientras se espera la respuesta de Frontex a la petición de apoyo para agilizar los triajes. La presión sobre los dispositivos de seguridad previsiblemente continuará mientras no se estabilice el ritmo de llegadas ni se resuelva la tramitación acumulada de expedientes, un proceso que, según los plazos habituales de la Ley de Extranjería, puede prolongarse varios meses.
