El giro discursivo del líder popular se produce en un momento de tensión diplomática entre Madrid y Rabat, después de que miles de personas trataran de acceder a la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio, un episodio que ha reabierto el debate sobre el papel de las autoridades marroquíes en el control de sus fronteras y sobre la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho de esta relación bilateral en los últimos años.
Feijóo, que accedió al liderazgo del PP en 2022, mantuvo su único encuentro cara a cara con el jefe del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, en mayo de ese mismo año, con motivo de un congreso del Partido Popular Europeo celebrado en Róterdam (Países Bajos). En aquella conversación bilateral, Ajanuch propuso al dirigente español organizar una visita oficial a Rabat para profundizar en las relaciones entre ambos países, invitación que Feijóo aceptó pero que, más de cuatro años después, no se ha materializado.
Según relató el propio Feijóo en el verano de 2025, Ajanuch le preguntó directamente en aquella reunión cuál sería la posición de un eventual Gobierno del PP sobre el Sáhara Occidental, territorio que Marruecos reclama como propio y que España administró hasta 1975, cuando lo cedió de facto tras los Acuerdos Tripartitos de Madrid sin que la ONU reconociera formalmente esa cesión de soberanía. El Sáhara Occidental figura en la lista de territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas.
Feijóo evitó comprometerse. Según su propio relato, respondió a Ajanuch: «Hay un principio básico en mi actuación política que es no mentir. (…) Yo desconozco qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los compromisos que tengo que mantener, porque en España esos compromisos no se conocen». Aludía así al giro que Moncloa dio en marzo de 2022 al respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como base para resolver el conflicto, un cambio de posición que no fue sometido a debate parlamentario y que abrió una crisis diplomática con Argelia, principal valedor del Frente Polisario.
La ausencia de una posición explícita del PP sobre el fondo del contencioso saharaui contrasta con la contundencia empleada en las últimas semanas para valorar la gestión de la frontera de Ceuta. El portavoz de Defensa del PP en el Senado, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, que ejerció como comandante general de Melilla, describió lo ocurrido el 30 de julio como «la culminación de una serie de cesiones y concesiones de actitudes inamistosas promovidas, consentidas o deliberadamente ignoradas por las autoridades marroquíes», en el marco de una sesión en la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no llegó a comparecer.
De la visita a Ceuta a las condiciones para Rabat
Días después de esa intervención, Feijóo viajó por segunda vez a Ceuta, donde fijó los términos que, a su juicio, deben regir la relación bilateral desde un eventual Gobierno del PP. «Mi deseo es mantener la mejor de las relaciones con Marruecos, relación de amistad y de vecindad», afirmó, para matizar a continuación que esa relación «tiene que levantarse sobre dos condiciones que no exigen matices: una es el respeto, otra es la reciprocidad», subrayando que «la integridad territorial de España no se cuestiona, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en las aguas españolas».
El presidente del PP calificó lo sucedido en la frontera ceutí como una «instrumentalización» por parte de las autoridades marroquíes, señalando que, «sea por acción o por omisión, se facilitó el desplazamiento de decenas de miles de personas» hacia el perímetro fronterizo. Feijóo situó la responsabilidad última en la política exterior del Ejecutivo de Sánchez, al que acusó de practicar «diplomacia secreta» con Rabat durante años, de la que Ceuta sería, en su valoración, «el resultado visible».
Desde el Gobierno se ha defendido que la relación con Marruecos, normalizada en 2022 tras la crisis diplomática que siguió al ingreso hospitalario en España del líder del Polisario, Brahim Ghali, en 2021, ha permitido una cooperación reforzada en el control de los flujos migratorios irregulares y en la lucha contra el narcotráfico. El Ejecutivo sostiene que esa normalización ha contribuido a contener las llegadas por la ruta del Mediterráneo occidental en los últimos ejercicios.
El PP replica que esa cooperación se ha basado en compromisos opacos que nunca han sido explicados al Parlamento ni a la opinión pública. El contencioso tiene un precedente directo en la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas tras una relajación de los controles marroquíes, en un contexto de tensión por la hospitalización de Ghali. Aquel episodio derivó en la retirada de la embajadora marroquí y en meses de deterioro diplomático hasta la normalización del año siguiente.
Feijóo ha evitado, no obstante, cualquier ruptura retórica que pudiera cerrar la puerta a una futura interlocución con Rabat en caso de llegar a la Presidencia. Su fórmula, repetida en las últimas semanas, combina la exigencia de firmeza en materia de soberanía con la reivindicación de una relación «de vecindad y lealtad», en línea con el compromiso que trasladó a Ajanuch en 2022 de mantener «una política exterior fiable en la que cualquier acuerdo se lleve a cabo con transparencia, sea duradero y busque el consenso parlamentario».
Marruecos es hoy uno de los principales socios comerciales de España en el continente africano y un actor determinante en el control de la migración irregular hacia territorio español y europeo, además de mantener alianzas estratégicas con Francia y con Estados Unidos, que reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Rabat e Israel. La Unión Europea mantiene con Marruecos acuerdos pesqueros y comerciales cuya validez ha sido cuestionada en distintas ocasiones por el Tribunal de Justicia de la UE al no contar con el consentimiento del pueblo saharaui.
El debate sobre la gestión de la frontera se desarrollará en un contexto parlamentario en el que el Gobierno deberá rendir cuentas en las próximas semanas sobre la crisis fronteriza de julio, mientras el PP continúa perfilando su posición de cara a un eventual cambio de Ejecutivo, sin que por el momento haya fijado una postura oficial sobre el reconocimiento del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, el asunto de fondo que sigue condicionando cualquier acercamiento de calado entre Madrid y Rabat.
