La patronal defiende que la percepción de inseguridad y los episodios de tensión en el entorno comercial han llevado a un número creciente de negocios a contratar vigilancia privada como medida para poder continuar operando. La organización reclama que sea la Administración General del Estado quien asuma ese coste, al entender que la seguridad en una frontera exterior de la Unión Europea es una responsabilidad que trasciende lo puramente local. La CEOE ceutí reclama además ayudas directas y ha expresado su decepción ante la ausencia de medidas concretas.
La petición llega en un contexto de tensión migratoria sostenida en la frontera con Marruecos, donde Ceuta —junto con Melilla— constituye uno de los dos únicos puntos de acceso terrestre de la Unión Europea al continente africano. Esa condición fronteriza, sin equivalente en el resto del territorio comunitario, expone a la ciudad a episodios de presión migratoria cíclicos, con hitos como la crisis de mayo de 2021, cuando cerca de 8.000 personas cruzaron la frontera en menos de 48 horas tras un conflicto diplomático entre Madrid y Rabat.
Un marco competencial que no contempla la subvención
El encaje jurídico de la petición es complejo. La seguridad ciudadana en Ceuta corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —principalmente Guardia Civil y Policía Nacional— bajo la coordinación del Ministerio del Interior, mientras que la ciudad autónoma se rige por un Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica 1/1995, que le atribuye competencias limitadas en materia de seguridad y orden público. La contratación de vigilancia privada por comercios se regula, a su vez, por la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que no prevé mecanismos ordinarios de subvención estatal para este tipo de gasto empresarial.
La demanda de ayudas directas se enmarca en un deterioro económico que la propia patronal vincula a la crisis fronteriza. Según fuentes del sector turístico ceutí, en torno al 90% de los viajes previstos a la ciudad para lo que resta de verano han sido cancelados, un porcentaje que, de confirmarse en las estadísticas oficiales, supondría un golpe severo para una economía en la que el turismo y el comercio ligado al tránsito transfronterizo representan una parte sustancial del tejido productivo local.
Ceuta arrastra desde hace años indicadores socioeconómicos más débiles que la media nacional. La ciudad autónoma figura, junto a Melilla, entre los territorios con mayor tasa de desempleo del país de forma recurrente desde el inicio de la serie histórica de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, con registros persistentemente por encima de la media española. Ese punto de partida agrava el impacto que la patronal atribuye a las cancelaciones turísticas.
La ciudad cuenta con precedentes de intervención estatal ante crisis similares. Tras los sucesos de mayo de 2021, el Gobierno aprobó líneas de ayuda extraordinarias para paliar el impacto económico en Ceuta, canalizadas a través de un decreto que incluyó exenciones fiscales, moratorias y líneas de crédito ICO específicas para el tejido empresarial. Es ese antecedente el que la patronal invoca ahora como referencia de lo que reclama.
El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Vivas al frente del Ejecutivo local, ha reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno central un refuerzo de la dotación de efectivos de seguridad del Estado en la ciudad, así como mayor inversión en infraestructuras fronterizas, entre ellas el sistema de control perimetral del paso de El Tarajal, principal punto de fricción en episodios de presión migratoria masiva.
La cuestión migratoria en Ceuta tiene además una dimensión europea que trasciende lo bilateral entre España y Marruecos. La gestión de la frontera exterior está vinculada a los acuerdos de cooperación migratoria entre la Unión Europea y Rabat, así como al papel de Frontex, la agencia europea de guardia de fronteras y costas, cuya actuación en los enclaves norteafricanos ha sido objeto de debate recurrente en el Parlamento Europeo, especialmente tras los episodios con víctimas mortales en el entorno fronterizo de Melilla en junio de 2022.
Por parte del Gobierno central no se ha concretado hasta el momento una respuesta específica a la petición de la patronal, más allá de las líneas de ayuda ya existentes para zonas fronterizas y comercio afectado por circunstancias excepcionales, gestionadas habitualmente a través de fondos de compensación interterritorial o partidas del Ministerio de Política Territorial. La organización empresarial ha trasladado su decepción ante lo que considera una falta de medidas tras meses de reivindicaciones sobre la situación en la frontera.
A falta de una respuesta detallada del Ministerio del Interior o del Ministerio de Industria y Turismo, la patronal ceutí ha anunciado su intención de mantener la presión sobre el Gobierno central en las próximas semanas, coincidiendo con el cierre de la temporada estival y la elaboración de los balances económicos que previsiblemente reflejarán el impacto real de las cancelaciones denunciadas.
El asunto llega en un momento de negociación presupuestaria general, en el que comunidades y ciudades autónomas reclaman mayor claridad sobre las partidas destinadas a los territorios fronterizos dentro de los Presupuestos Generales del Estado. La tramitación de las cuentas del próximo ejercicio podría convertirse en la próxima ventana para que la demanda empresarial ceutí obtenga una respuesta formal del Ejecutivo.
