La instrucción escrita que sostiene el caso pedía maquillar la gravedad de los pacientes en la lista quirúrgica. Uno de los documentos aportados por Martos a EL PAÍS contiene la indicación «Evitad anotarlos como preferentes», la orden que rebajaba la prioridad de enfermos que debían operarse antes y reducía sobre el papel la demora acumulada por el centro.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, hizo pública su acusación contra el denunciante pese a admitir que la investigación interna no había concluido. Según el relato de EL PAÍS, Martos no fue entrevistado en el marco de esas pesquisas, y las pruebas que el cirujano entregó al diario apuntan a que él no es el autor de las alteraciones.
La versión de la Administración madrileña sitúa el foco en el cirujano que destapó el caso: sostiene que Martos manipuló las listas para trabajar menos. Frente a esa tesis, la documentación aportada por el propio médico contradice la autoría que se le atribuye, dejando la responsabilidad en la cadena de mando del servicio.
La lista de espera quirúrgica es un indicador de gestión sanitaria regulado y de publicación periódica: clasifica a los pacientes por prioridad clínica —preferente, ordinaria— y fija los plazos máximos de intervención. Alterar la categoría de un paciente para retirarlo del recuento de casos preferentes reduce artificialmente la demora media que las consejerías reportan.
El caso arranca de la denuncia de cuatro médicos del propio Ramón y Cajal, uno de los mayores hospitales de la región. De ellos, solo Martos asumió públicamente la acusación, un extremo relevante después de que la respuesta oficial se centrara en su figura y no en los dos jefes inicialmente señalados por la propia Comunidad.
La manipulación de indicadores hospitalarios no es nueva en la sanidad pública española: las listas de espera han sido durante años objeto de reproches de la oposición y de auditorías en distintas comunidades por los criterios de contabilización de pacientes y las salidas administrativas del cómputo. El episodio del Ramón y Cajal traslada ahora esa discusión a un centro concreto y a documentación firmada.
La Comunidad de Madrid ya reconoció el pasado 15 de septiembre que las listas del hospital fueron alteradas para maquillar la demora quirúrgica, antes de dirigir su acusación contra el denunciante. Con la investigación aún abierta y las pruebas documentales en manos del cirujano, la Consejería mantiene una imputación que su propia instrucción no da por cerrada.
