El malestar de una parte de la carrera diplomática con Albares no es nuevo. Desde hace meses, según habrían coincidido varias fuentes consultadas, el ministro dirigiría su departamento con un círculo reducido de colaboradores de confianza, con escasa interlocución con los funcionarios de carrera y con la asociación profesional que agrupa a la mayoría de ellos. La crisis migratoria en Ceuta y la respuesta del Gobierno habrían intensificado ese distanciamiento hasta un punto que algunos de estos diplomáticos califican, siempre bajo reserva de identidad, de punto de inflexión.
Uno de los diplomáticos consultados considera lo sucedido el episodio más grave en la relación bilateral con Marruecos desde la Marcha Verde de 1975, cuando el Reino alauí organizó una movilización civil masiva hacia el Sáhara Occidental que precipitó el fin de la presencia española en el territorio. «Si Albares ya estaba quemado, esto termina de enterrarlo. No es que quede carbonizado en este Gobierno, sino en la historia de la diplomacia española. Esto se recordará siempre», sostuvo esa fuente. La comparación, matizan estos interlocutores, no alude a la magnitud del hecho en sí, sino al impacto simbólico que atribuyen a la manera en que se ha comunicado la crisis.
Ese mismo interlocutor recuerda el precedente de mayo de 2021, cuando la llegada masiva de migrantes a Ceuta derivó en una crisis diplomática abierta entre Madrid y Rabat. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a la ciudad autónoma y calificó lo ocurrido de intolerable, lo que desembocó en una resolución de condena del Parlamento Europeo a la actuación marroquí. «El mensaje que se ha mandado a Europa es pésimo», advirtió el diplomático, quien atribuye al relato actual haber dado «la oportunidad a que 22 países que estaban muy descontentos por la regularización masiva dejen en evidencia la soledad del Gobierno en la UE».
La misma fuente estableció un paralelismo con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando el entonces Gobierno atribuyó inicialmente la autoría a ETA pese a los indicios que apuntaban al terrorismo yihadista, una gestión de la información con consecuencias determinantes en las elecciones generales celebradas tres días después. Según sostuvo, decir «que no ha sido culpa de Marruecos, que es un socio leal y que la situación se ha normalizado ya gracias a ellos tendrá consecuencias igual de disolventes y de nocivas que lo que ocurrió en 2004».
Un expediente que, según las fuentes, no se domina en Moncloa
Otro de los profesionales consultados apunta a un problema de fondo más allá de la comunicación: un «profundo desconocimiento de la región» que atribuye tanto al Ministerio como a la Presidencia del Gobierno. «En las posiciones de mando no hay nadie que sepa realmente de qué va este dosier», señaló. Esa misma fuente planteó que «este Gobierno tendría que fomentar cuanto antes una visita del Rey Felipe VI a la ciudad», en línea con el papel que la Corona ha desempeñado históricamente como elemento de continuidad en la política exterior española, al margen de las coyunturas de cada Ejecutivo.
La visita de Albares a Ceuta, la primera de un titular de Exteriores en democracia, ha sido interpretada por estas fuentes como un movimiento inusual, dado que la diplomacia española ha evitado tradicionalmente cualquier gesto que pudiera leerse como reconocimiento implícito de un litigio internacional sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Se trata de una posición sostenida por España desde la Transición y amparada en la condición de ambas plazas como territorios españoles muy anteriores a la constitución del Reino de Marruecos como Estado moderno. «España siempre ha descartado cualquier acción o movimiento que pudiera hacer ver que se trata de una cuestión de litigio internacional», subrayó el tercero de los diplomáticos.
El ministro afirmó durante su visita que la totalidad de los migrantes llegados en el marco de esta crisis serían devueltos a territorio marroquí, una declaración que, según el último de los diplomáticos consultados, generó «estupor». «Si dices cosas así, el efecto es el contrario» al de generar confianza entre los socios europeos, argumentó. El marco normativo que rige estas devoluciones se encuentra en el Real Decreto 557/2011, que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros, así como en los acuerdos bilaterales de readmisión suscritos con Marruecos desde 1992, cuya aplicación práctica depende de la cooperación efectiva de las autoridades marroquíes en cada caso individual.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no se ha ofrecido una respuesta pública a las críticas atribuidas a estos diplomáticos. Fuentes del departamento remiten a las explicaciones ofrecidas por el propio Albares durante su visita a Ceuta, en las que defendió la coordinación con Marruecos como elemento clave para la gestión ordenada de los flujos migratorios. El Gobierno ha sostenido en sus comparecencias públicas que la cooperación bilateral en materia migratoria se ha reforzado en los últimos años.
La Asociación de Diplomáticos Españoles, principal organización profesional del cuerpo, no ha realizado declaraciones oficiales sobre este episodio concreto, si bien ha expresado en el pasado su preocupación por lo que ha descrito como un déficit de interlocución entre la cúpula del Ministerio y los funcionarios de carrera, una tensión que se remonta a etapas anteriores de la actual legislatura y no es exclusiva de la crisis migratoria actual.
La relación entre España y Marruecos combina una intensa interdependencia económica con tensiones periódicas de naturaleza territorial y migratoria. Marruecos es el principal socio comercial de España en el continente africano, y ambos países comparten en Ceuta y Melilla la única frontera terrestre de la Unión Europea con el continente africano, punto estratégico de paso migratorio y de cooperación en seguridad y control fronterizo. La política migratoria exterior de la UE se enmarca desde 2024 en el Pacto sobre Migración y Asilo, que refuerza los mecanismos de solidaridad y responsabilidad compartida entre Estados miembros y ha alimentado divisiones entre gobiernos con posiciones dispares sobre regularizaciones extraordinarias y acuerdos con terceros países.
La posición que adopte España en los próximos meses ante sus socios comunitarios, incluidas eventuales comparecencias de Albares ante comisiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados, será previsiblemente uno de los primeros escenarios donde se mida el alcance real de este episodio en la relación con Rabat y en la política migratoria europea.
