El caso concentró atención por la magnitud de la presunta red y por el apellido del capturado. Jhon Mario Ramírez, recordado por los hinchas de Millonarios como uno de los últimos ídolos del club azul, falleció en Tunja el 26 de julio de 2021 por afectaciones del COVID-19, cuando dirigía técnicamente al Patriotas de Boyacá. Su hijo Mateo, categoría 1999, había pasado por las divisiones juveniles del 'Embajador' y jugó torneos de la Difútbol antes de acompañar a su padre al equipo boyacense con la expectativa de un debut profesional que no llegó a concretarse.
Tras la muerte de su padre, Mateo Ramírez permaneció una temporada más en el Patriotas y luego se alejó del fútbol profesional, y retornó a torneos aficionados en Bogotá. Su nombre volvió a los medios el 24 de julio de 2026, cuando se conoció la noticia de su captura, casi cinco años después del fallecimiento de su padre.
Cómo operaba la red y a quiénes golpeó
Según la investigación de la Fiscalía, la organización habría operado mediante la suplantación de personas y entidades bancarias para acceder a datos personales de las víctimas, con el propósito de apropiarse de recursos, tomar control de cuentas bancarias o solicitar créditos a nombre de terceros sin que los afectados advirtieran la maniobra. El entramado habría recurrido a transferencias sucesivas entre distintas cuentas para dificultar el rastreo de los dineros y evadir los controles del sistema financiero. La mayoría de las víctimas identificadas serían adultos mayores residentes en Risaralda, Bogotá, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca, Atlántico, Nariño, Quindío, Meta y Bolívar, un alcance que apunta a una operación de dimensión nacional y no circunscrita a una sola región.
Mateo Ramírez enfrenta, según la imputación de la Fiscalía, cinco cargos: concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales. Es un catálogo que combina delitos contra el patrimonio económico con tipos penales incorporados por la Ley 1273 de 2009, la norma que adicionó al Código Penal los llamados delitos informáticos ante el crecimiento de las estafas digitales.
El concierto para delinquir, uno de los cargos más gravosos, se configura cuando varias personas se organizan con el propósito de cometer delitos de manera reiterada, y es la figura que permite a la Fiscalía perseguir estructuras completas y no actos aislados. La imputación conjunta a dieciséis personas indica que la entidad busca acreditar la existencia de una organización estable. El enriquecimiento ilícito agravado y el acceso abusivo a un sistema informático, por su parte, sancionan tanto el incremento patrimonial injustificado como la intromisión no autorizada en plataformas digitales, conductas centrales en el modus operandi que la Fiscalía atribuye a 'Los Cyber'.
Un proceso apenas en etapa de investigación
El caso se encuentra en etapa de investigación, posterior a la audiencia de formulación de imputación ante un juez de control de garantías, que dispuso la medida de aseguramiento intramural para los capturados. Ninguno de los imputados, incluido Ramírez, se allanó a los cargos, de modo que el proceso deberá seguir su curso hacia una eventual acusación formal y, de proceder, a juicio oral. En el sistema penal acusatorio colombiano, vigente desde la Ley 906 de 2004, la no aceptación de cargos obliga a la Fiscalía a demostrar la responsabilidad más allá de toda duda razonable ante un juez de conocimiento.
La defensa de los capturados tendrá oportunidad de presentar sus argumentos en las etapas posteriores, incluida la audiencia de acusación, donde podrá cuestionar el material probatorio recaudado. Hasta el momento no se conocen públicamente los nombres de los abogados que representan a Mateo Ramírez ni una posición de su defensa sobre los cargos.
El fraude digital organizado ha ganado protagonismo en los despachos de la Fiscalía en paralelo al aumento de denuncias por estafas a través de canales bancarios electrónicos y aplicaciones para el celular. La legislación colombiana endureció las penas para estas conductas con la propia Ley 1273 de 2009, que elevó a delito autónomo el hurto por medios informáticos y el acceso abusivo a sistemas, precisamente ante la expansión de la banca digital y el comercio electrónico. Colombia no es ajena a la desarticulación de estructuras de este tipo: en años recientes la Fiscalía y la Policía Nacional han presentado operativos contra bandas dedicadas a la suplantación bancaria y al vaciado de cuentas mediante ingeniería social.
El caso de 'Los Cyber' se suma así a esa línea de investigaciones contra redes de fraude informático en distintas regiones, aunque su desenlace dependerá del avance del material probatorio que la entidad ha señalado seguir recolectando. El proceso continuará con nuevas audiencias en las que se espera que la Fiscalía exponga su teoría del caso contra los dieciséis capturados, mientras la defensa de Ramírez y del resto de imputados evalúa sus estrategias frente a los cinco delitos que enfrentan.
