La convocatoria no partió de ninguna organización formal, sino de grupos de mensajería y perfiles vecinales que en las últimas semanas han servido de altavoz a la protesta ciudadana en la ciudad autónoma. Este patrón de movilización horizontal, sin liderazgo político o sindical visible, se ha repetido en Ceuta desde finales de julio, cuando la llegada de un número elevado de personas migrantes desbordó los recursos de acogida disponibles.
El itinerario elegido tuvo un fuerte componente simbólico. Las Murallas Reales, punto de partida, son el emblema histórico de la ciudad; el Polígono Virgen de África y la N-352 conectan el núcleo urbano con la frontera del Tarajal, principal paso terrestre con Marruecos y escenario de sucesivas crisis migratorias. La rotonda donde se sentaron los manifestantes enlaza ese paso fronterizo con la subida a Loma Colmenar, la barriada donde se ubica el recurso de acogida provisional que ha concentrado las quejas vecinales.
Sobre la calzada, los participantes describieron la sentada como un gesto simbólico "en señal de unidad y reivindicación", según trasladaron los propios convocantes. Finalizada la protesta, guardaron un minuto de silencio por lo que denominaron "el sufrimiento de la sociedad ceutí" y por la situación que, sostienen, arrastra la ciudad desde hace un mes. A lo largo del recorrido se corearon lemas ya habituales en las concentraciones de las últimas semanas, como "Ceuta no se vende, se defiende", "Ceuta unida jamás será vencida" o "Un caballa nunca se rinde", junto a consignas críticas dirigidas al Gobierno central.
La marcha prosiguió hasta Loma Colmenar, donde los manifestantes expresaron su respaldo a los residentes de la barriada, movilizados en varias ocasiones desde que comenzó a habilitarse un recurso provisional de acogida en una explanada cercana. Los vecinos mantienen sus quejas por las repercusiones asociadas a la presencia del dispositivo y por la concentración de personas en sus alrededores.
Según relataron los residentes, junto a los migrantes ya alojados en el interior de las instalaciones, al menos un centenar permanece acampado desde hace días en el exterior a la espera de poder acceder al recinto. Entre las inquietudes vecinales figura la proximidad de una guardería situada a escasa distancia del recurso, cuya apertura está prevista para el próximo mes de septiembre.
Un grupo de asistentes decidió prolongar la movilización hasta la Delegación del Gobierno, donde reiteró su petición de dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta y exigió una mayor implicación del Ejecutivo central para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria. La concentración transcurrió sin incidentes y con un perfil pacífico, en contraste con los disturbios registrados en otras convocatorias de las últimas semanas.
La gestión de la acogida en Ceuta corresponde a un marco de competencias compartidas: la atención a los migrantes y, en su caso, la tramitación de asilo o los procedimientos de retorno recaen en la Administración General del Estado a través del Ministerio del Interior y de Inclusión, mientras que servicios como educación o urbanismo implican a la Ciudad Autónoma. El delegado del Gobierno es el representante del Ejecutivo central en el territorio y responsable de la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que explica que las demandas de dimisión se dirijan a esa figura.
La condición de Ceuta como frontera exterior de la Unión Europea sitúa cualquier episodio migratorio en el perímetro de control del espacio Schengen, con implicaciones que trascienden lo local. Los flujos por esta vía dependen en gran medida del grado de cooperación de Marruecos en el control fronterizo, un factor que ha marcado la relación bilateral en las últimas décadas.
El precedente más grave y reciente se remonta a mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron en Ceuta en pocos días después de que Marruecos relajara su vigilancia fronteriza, en plena crisis diplomática con España. Aquel episodio, el mayor registrado en la ciudad, obligó al despliegue del Ejército y derivó en devoluciones inmediatas que posteriormente fueron objeto de recursos judiciales. La memoria de aquellas jornadas planea sobre las movilizaciones actuales.
De cara a las próximas semanas, la apertura de la guardería próxima al recurso de acogida, prevista para septiembre, y la permanencia de personas acampadas a la intemperie a la espera de plaza mantienen abierto el foco de tensión. Las asociaciones vecinales han anunciado que seguirán convocando concentraciones mientras no perciban una respuesta del Gobierno central, cuya Delegación no se ha pronunciado públicamente sobre las peticiones de dimisión.
