El movimiento se da en un contexto poco habitual dentro de los cambios de gobierno en Colombia. Aunque las transiciones administrativas suelen traer relevos en las juntas directivas y en las vicepresidencias de las empresas del Estado, en esta ocasión varias salidas se produjeron antes de que existiera un empalme formal entre la administración saliente y la entrante, lo que ha alimentado versiones sobre las razones de fondo de estos retiros.
Según fuentes cercanas al proceso, Murcia —conocido en el sector como Tito Murcia— no habría presentado una renuncia voluntaria, sino que su salida obedecería a una decisión del alto gobierno, en medio de la tensión generada desde que se conoció que el nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) sería el abogado Germán Calderón España, designado por el gobierno de Abelardo De La Espriella.
Calderón España, oriundo de la misma ciudad que Murcia, interpuso denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, así como quejas disciplinarias y fiscales ante la Procuraduría y la Contraloría, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de asesoría jurídica dentro de Cenit. La ANDJE es la entidad encargada de diseñar y ejecutar las políticas de defensa jurídica del Estado colombiano y de prevenir el daño antijurídico en la contratación pública, por lo que sus denuncias tienen un peso institucional específico dentro del ordenamiento administrativo.
El contrato cuestionado corresponde a servicios de asesoría jurídica contratados por Cenit, la filial de Ecopetrol responsable del transporte de crudo y productos refinados por oleoductos y poliductos en el territorio nacional, una de las piezas más estratégicas del negocio petrolero estatal por su papel en la logística de exportación e infraestructura energética del país.
La salida de Murcia se produce, además, en un momento de recomposición en la cúpula directiva de Ecopetrol. La renuncia de varios miembros de la junta directiva de la petrolera derivó en el ascenso de Henao Cardona a la presidencia de ese órgano colegiado, quien anunció la puesta en marcha de una auditoría forense que cubriría no solo a la matriz, sino también a sus filiales, entre ellas Cenit. A diferencia de una auditoría financiera convencional, la forense tiene como objetivo específico detectar posibles fraudes, irregularidades contractuales o conflictos de interés, y sus hallazgos pueden derivar en traslados de información a los entes de control o a la Fiscalía.
Según la fuente consultada, Murcia tiene previsto acudir ante las autoridades civiles, penales y disciplinarias para exponer su versión de los hechos, centrada en el argumento de que, en calidad de vicepresidente jurídico, no era él quien suscribía los contratos objeto de las denuncias, sino otras instancias de la compañía con competencia para ello. Ese argumento anticipa lo que previsiblemente será uno de los ejes centrales de su defensa ante la Fiscalía y la Procuraduría.
Ecopetrol es una sociedad de economía mixta en la que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Hacienda, mantiene la mayoría accionaria, lo que convierte a la petrolera y a sus filiales en sujetos de control fiscal por parte de la Contraloría General de la República y de vigilancia disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, además de estar sometida al régimen de contratación estatal cuando corresponda.
Los cambios en la cúpula de Ecopetrol y sus filiales no son inéditos en la historia reciente de la petrolera. En anteriores transiciones de gobierno, la llegada de nuevas juntas directivas ha coincidido con revisiones de contratos heredados de administraciones previas, aunque pocas veces con la intensidad de denuncias penales que se ha visto en este caso, en el que las acusaciones cruzadas anteceden incluso al relevo formal de funciones.
Ni Ecopetrol ni Cenit se han pronunciado públicamente, hasta el momento, sobre las circunstancias exactas de la salida de Murcia ni sobre el contenido específico del contrato cuestionado. Tampoco se ha conocido una versión oficial de la ANDJE más allá de la interposición de las denuncias atribuida a su director. El propio Murcia ha anunciado, a través de las fuentes consultadas, que ejercerá acciones legales para defender su actuación.
Las investigaciones abiertas ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría serán las que, en los próximos meses, deberán establecer si existieron irregularidades en la adjudicación del contrato de asesoría jurídica y, en su caso, determinar responsabilidades individuales dentro de la cadena de decisión en Cenit. Hasta entonces, las acusaciones y los descargos conocidos corresponden a versiones de las partes que aún no han sido contrastadas por una decisión judicial o disciplinaria en firme.
El caso se suma a los frentes abiertos que deberá afrontar la nueva junta directiva de Ecopetrol en los primeros meses de gestión, en un sector estratégico para las finanzas públicas del país por su aporte a las regalías y a los dividendos que la petrolera transfiere anualmente a la Nación.
